Nota de prensa).- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, intervino este jueves en el XXV Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, donde expuso el marco jurídico que rige al país, así como la situación de violencia que se generó a partir del 12 de febrero.
La titular del Ministerio Público reiteró que si bien el derecho a la protesta pacífica está previsto en la Constitución, cuestionó que muchas de las protestas ocurridas a partir del 12 de febrero han sido convertidas en situaciones de caos y violencia que han generado muertes, heridos y cuantiosos daños materiales en el país.
Puntualizó que el derecho a manifestar es un mecanismo establecido y garantizado constitucionalmente que debe ser ejercido en forma pacífica, pero en caso de que se pretenda utilizar para cometer delitos, el Estado tiene el deber de defender a los ciudadanos y aplicar sanciones a los infractores de acuerdo con lo que establezcan las leyes.
Durante su exposición, Ortega Díaz explicó que al margen de la Constitución, “un anárquico y minoritario sector”, mediante acciones que no se enmarcan dentro del ejercicio del derecho constitucional a manifestar pacíficamente, ha realizado actividades que tienen como último propósito “la perturbación con objetivos políticos”, al margen de la Carta Magna.
Dijo que para ello han contado además, con el apoyo de algunos medios de comunicación social que han proyectado hacia el exterior una matriz de información distorsionada, “con la cual pretenden sorprender la buena fe de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, entre otras, pretendiendo de ellos pronunciamientos que avalen su actuación violenta, inconstitucional e ilegal”.
En ese sentido, se refirió al reconocimiento que contempla el artículo 68 de la Constitución acerca del derecho a manifestar: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”.“Es necesario hacer un llamado a los mencionados organismos y a toda la comunidad internacional para que, antes de hacer consideraciones respecto a Venezuela,analicen con total objetividad, responsabilidad y estricto apego a la verdad, toda la realidad de nuestro país, no a través de pequeños fragmentos que no recogen todo lo acontecido”, precisó.
Dentro de ese contexto, la Fiscal General destacó lo que establece el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.
Acotó que las manifestaciones violentas no están ni pueden ser protegidas por la Constitución ni por tratados internacionales. Según la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que regula la materia en Venezuela, pueden considerarse como violentas aquellas que traten de impedir el normal funcionamiento de las instituciones del Estado, que traten de fomentar desórdenes y que busquen obstaculizar el libre tránsito. “La ley incluso establece penas para estos casos”, precisó.
Ortega Díaz subrayó que el derecho a manifestar, como todos los derechos, no es absoluto, tiene también límites, los que vienen dados por los derechos humanos, fundamentales de los otros, como por ejemplo el derecho al libre tránsito, a la integridad personal y, por supuesto, el derecho a la vida.
Narró que lo que comenzó en Venezuela el 12 de febrero como una manifestación pacífica hasta la sede principal del Ministerio Público, fue convertida en una situación de caos y violencia muy distinta a la paz y armonía que garantiza el Texto Fundamental.
“Este incidente fue el comienzo de una serie de protestas no pacíficas que han traído como consecuencia la muerte de 28 personas, entre ellas un fiscal del Ministerio Público y tres guardias nacionales, además de 365 lesionados, de los cuales 250 son civiles y 109 son funcionarios policiales y militares.
Aseveró que como consecuencia de estos hechos de violencia, los organismos de seguridad del Estado han realizado diversas detenciones; y no se han practicado sobre personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta, sino contra quienes se presume han tenido algún grado de participación en acciones violentas, en actos vandálicos, y han atentado contra la vida de otras personas.
Aclaró que de los aprehendidos por estar presuntamente incursos en hechos de violencia,1.347 han recibido el beneficio de las medidas cautelares de libertad, mientras que sólo 106 han sido privados de libertad en virtud de la gravedad del delito que se les ha imputado; mientras que a otros 46 se les ha otorgado libertad plena.
Ortega Díaz informó a los asistentes a la ONU que de las personas aprehendidas por los hechos de violencia, todas han sido presentadas dentro del plazo de 48 horas siguientes a su aprehensión, que es el lapso establecido en la legislación venezolana, y previa realización de los exámenes médicos forenses respectivos, para determinar el estado de salud.
De esta manera, se han iniciado 42 averiguaciones penales contra funcionarios de distintos organismos de seguridad del Estado que se presumen como responsables en la violación de los derechos humanos; destacando que de las 92 personas privadas de libertad, 14 son funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad que estarían presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos.“Hemos atendido a quienes han denunciado haber sido víctimas de maltratos durante el proceso de detención; y una vez tomada la denuncia, de inmediato se ha dado inicio a la investigación a través de los fiscales especializados en protección de derechos fundamentales”, dijo la Fiscal General.
Ortega Díaz también informó en la ONU que en el marco de las manifestaciones “pacíficas” se han incautado 25 armas de fuego.
La Fiscal General fue clara al narrar que en el marco jurídico venezolano existe preeminencia del respeto a los derechos humanos de todos los venezolanos, con un estamento legal preciso que contempla las funciones de las instituciones del Estado, entre ellas del Ministerio Público,con nuevas leyes que sancionan severamente a quienes violan los derechosfundamentales.
Igualmente, destacó que ha sido un hecho público los esfuerzos que ha realizado el Gobierno, en conjunto con el resto de los poderes del Estado, para abrir el camino del diálogo, lo cual se está materializando con la mayoría de los sectores civiles y empresariales del país.
Adicionalmente, explicó que el Ministerio Publico ha sostenido encuentros con representantes de las Organizaciones No Gubernamentales del país, especialmente con el Programa Venezolano de Educación (Provea) y el Foro Penal Venezolano, a cuyos representantes se les ha escuchado sus planteamientos y consideradas sus sugerencias.
Dejó por sentado que el interés del Estado venezolano se rige esencialmente por el principio del respeto a los derechos humanos de todos sus habitantes, garantizando siempre el pleno ejercicio de los mismos bajo las condiciones que establecen la Constitución y las leyes.
La Fiscal General concluyó que Venezuela es un Estado democrático, libre, independiente, y promotor de la paz nacional y mundial; regidos por los valores de libertad, igualdad, justicia y la doctrina de El Libertador Simón Bolívar.
Apoyo contundente y solidaridad internacional
Luego de su intervención, la Fiscal General respondió planteamientos de algunos asistentes, a quienes aclaró la verdadera situación del país a raíz de los hechos de violencia.
Precisó que en Venezuela a nadie se le impide la protesta de quienes deseen expresar su descontento por las causas que fueren.
Insistió que en las manifestaciones pacíficas se han incautado 25 armas de fuego, material C4 y más de 200 artefactos incendiarios, y todas las personas aprehendidas se han presentado ante los tribunales en un plazo no mayor a las 48 horas establecidas legalmente.
A raíz de la intervención de la máxima representante del Ministerio Público venezolano, los representantes de varias naciones, entre ellas, Brasil, Rusia, Sri Lanka, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Bolivia expresaron su solidaridad y apoyo.
Otras muchas, entre ellas China, Rusia, Argentina, rechazaron cualquier intervención extranjera en los asuntos internos venezolanos.
Enfatizó que muchos de los llamados que se hacen por diversas vías en Venezuela, entre ellos medios de comunicación social y redes sociales son a deponer el gobierno legítimamenteconstituido.
Al responder a las críticas expresadas por un representante de Estados Unidos, Ortega Díaz explicó que a través del Twitter se ha vilipendiado a todas las instituciones del Estado.
