Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los líderes del poderoso cartel de Sinaloa, ha tensado en las últimas semanas el pulso que tiene con la justicia mexicana. La defensa del narcotraficante capturado en febrero de 2014 por el Gobierno ha comenzado a mover sus fichas para evitar que sea extraditado a Estados Unidos. En una semana han obtenido dos amparos que frenan, por el momento, su traslado al norte para ser enjuiciado por diversos delitos en cortes federales.
Este lunes el juez décimo en materia penal del Distrito Federal admitió el juicio promovido por la defensa del narcotraficante para que la situación jurídica de Guzmán permanezca, por el momento, sin cambio alguno. El martes pasado sus abogados presentaron un recurso similar ante el juez decimosexto de distrito en materia administrativa de la capital del país, que también concedió la suspensión al líder del cartel de Sinaloa.
Las acciones de la defensa han obligado al Gobierno mexicano a revelar sus cartas. El juez ha solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encargados de materializar la extradición del capo, que informen en un plazo no mayor a 15 días de si se ha iniciado algún trámite que tenga como finalidad trasladar al prisionero del penal del Altiplano a otro centro penitenciario.
Funcionarios del Gobierno mexicano, sin embargo, han señalado que hasta el momento la embajada de Estados Unidos no ha comenzado los trámites para la extradición del presunto delincuente. El nombre de El Chapo aparece en varias causas abiertas en cortes de California, Texas, Illinois, Nueva York, Florida y Nuevo Hampshire. La justicia estadounidense ha girado siete órdenes de aprehensión en su contra desde 1995. En México, Joaquín Guzmán tiene abiertos 12 procesos penales.
El tema de la extradición ha cobrado vigencia en las últimas semanas a raíz de unas declaraciones que el fiscal general, Jesús Murillo Karam, hizo el pasado 21 de enero. El funcionario reconoció que tiene información “extrainformal” de que Washington hará la solicitud. “Las extradiciones las solicitan y las solicitamos. No será ningún problema hacer el trámite y determinar en su momento qué es lo conveniente”, dijo el funcionario en un foro organizado por una asociación de víctimas del secuestro. Murillo evitó decir qué Estado hará la petición.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha extraditado a un solo capo de alto perfil. En noviembre de 2014 la Administración envió a una corte del Distrito de Columbia a Alfredo Beltrán Leyva, conocido como El mochomo. El fundador del cartel Beltrán Leyva, una organización criminal que tuvo una presencia importante en el centro de México, aguardó más de seis años desde su captura para ser trasladado a Estados Unidos. Allí se le acusaba de ser responsable de la importación de varias toneladas de cocaína y metanfetaminas. Frente al juez Alan Kay el criminal se declaró “no culpable” de los cargos.
El Gobierno del PRI ha disminuido el ritmo de las extradiciones de narcotraficantes que marcó el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). En el mandato pasado se registró un incremento del 190% en los casos. Cuatro de cada diez traslados internacionales de los 579 registrados en el sexenio panista eran por delitos contra la salud y asociación delictuosa.
En este Gobierno, según datos disponibles del primer semestre de 2013, solo se habían extraditado 19 personas, más de nueve por delitos de narcotráfico. Hasta el día de hoy no se ha enviado a Estados Unidos a uno solo de los 88 objetivos criminales capturados de la lista de 122 fijada por las autoridades. La Administración ha tratado de imponer un nuevo estilo en el que solo enviará al extranjero a los criminales con sentencia que ya hayan concluido sus juicios. El gesto pretende dotar de fortaleza a la justicia mexicana. La pregunta es si el caso del Chapo, que ya se fugó de una prisión de máxima seguridad en 2001, será el que confirme o revierta la tendencia. EL PAIS
