Un lustro tardó un puñado de mexicanos en ver los primeros frutos de una iniciativa para llevar hasta la Suprema Corte el problema de las drogas y detonar un giro radical en la estrategia que ponga fin al cáncer de la violencia que invade al país.
El próximo miércoles la Primera Sala del alto tribunal debatirá un proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Arturo Zaldívar, el cual avala el consumo personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos.
Todo comenzó hace cinco años, cuando un grupo de críticos de la lucha contra las drogas a “punta de bala” advirtieron la necesidad de que el Poder Judicial se pronunciara sobre el tema, ante la actitud “muy timorata (mojigata)” del Ejecutivo, contó a Efe el abogado Juan Francisco Torres Landa.
El secretario general de México Unido contra la Delincuencia indicó que junto con otras ONG crearon la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart), un club diseñado para que sus miembros pudieran “cultivar, distribuir y consumir” marihuana “sin un fin de lucro ni criterio mercantilista”.
“Pedimos un permiso a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) a sabiendas de que nos lo iban a negar”, lo que ocurrió muy rápido.
Ello, dijo, les “dio inmediatamente la posibilidad de acudir a la vía de amparo” para pedir a los tribunales que contrastaran la Ley General de la Salud, donde está establecida la prohibición del consumo personal de la marihuana, con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Así, el tribunal tendría que resolver si dicha prohibición es válida frente al derecho “que todos tenemos de hacer con nuestro cuerpo lo que se nos pegue la gana, siempre y cuando no afectemos a terceros”, detalló.
“En una primera instancia perdemos, (…) pero eso nos permite irnos a la revisión y, aunque el caso en teoría estaría a manos de un tribunal colegiado, por la trascendencia lo atrae la Suprema Corte y así llega a la Primera Sala”, donde Zaldívar se encarga de redactar el proyecto de sentencia.
La ponencia “nos es favorable”, pues reconoce el derecho individual a la autodeterminación y, por tanto, declara anticonstitucionales cinco artículos relevantes de la Ley General de Salud que prohíben el consumo personal con fines recreativos.
Zaldívar deja claro en su proyecto que la inconstitucionalidad “no supone en ningún caso autorización” para comercializar, suministrar o distribuir dicho estupefaciente.
El beneficio será “inmediato y directo” solo para los cuatro fundadores de Smart que “nos fuimos al amparo” en caso de que sea aprobado por la mayoría de los cinco magistrados de la Primera Sala.
El abogado confió en que los ministros van a actuar “en forma responsable”, totalmente apegada a un análisis de ampliación de garantías de derechos.
“Necesitamos dos votos más” y por los contactos previos y la apertura que ha habido en el tema, “nos sentimos cómodos de que va a haber un resultado favorable”, comentó.
Aunque en principio el fallo solo aplica para cuatro personas, incluido Torres Landa, destacó que el Congreso tendrá que tomar en sus manos el asunto y legislar en consecuencia.
“Lo que queremos es que esto sea un parteaguas y un catalizador” para migrar a políticas públicas que permitan al país “aspirar a mejores condiciones que las que tenemos hoy en día”, dijo el letrado al aludir a la “destrucción, muerte y violencia” producto de la prohibición.
Esa es “probablemente la política más regresiva, más contraproducente, que más haya afectado la convivencia e incluso la capacidad y la credibilidad de las instituciones”.
En vez de perseguir a personas que “en el peor de los casos se están haciendo daño a sí mismas”, el Estado debería utilizar los recursos en atrapar a “violadores, secuestradores, homicidas, defraudadores, personas que realmente lesionan a la sociedad”, aseveró el letrado, quien aclaró que el grupo no es “pro consumo, sino pro elección”.
“Queremos mejores condiciones de vida y mejor uso de recursos públicos”, e incluso que el consumo se reduzca, pero informando a los usuarios por qué debe “abstenerse de usar esa sustancia”.
En ese contexto, el Estado debe intervenir como un vigilante del proceso, regulando calidades, dosis y establecimientos, tal como lo hace con el alcohol, el tabaco y los medicamentos.
Aunque “vamos tarde” en el tema de la legación frente a otros países como Uruguay, Holanda, Suiza y estados de EEUU, “es mejor ya dar un paso que seguir esperando”, afirmó.
Fuente: EFE
