Uruguay presentó este miércoles su caso ante el recién creado Comité de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, convirtiéndose así en el primer país del mundo que expone su legislación al escrutinio de los expertos.
Ese comité es el órgano encargado de vigilar la aplicación por parte de los Estados Partes de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 y de la cual forman parte, hasta la fecha, 37 países.
"Uruguay expresó su deseo de poder ser de los primeros en presentarse ante el Comité; concluyó su informe en tiempo y forma y han sido el primero en presentar un texto muy rico, prolijo y completo,", explicó a Efe el miembro del comité y relator del informe final, Juan José López Ortega.
El Comité no analiza ni juzga el pasado, sino como está preparado el país para evitar el delito de desaparición forzada y para investigar los casos del pasado que aún no se han resuelto.
"La desaparición forzada es un delito que por sí mismo se extiende en el tiempo, y el país debe estar preparado para gestionar todo lo relativo a él", agregó López.
El informe de Uruguay pone de manifiesto que desde la entrada en vigor de la Convención, no se han registrado casos de ese tipo de crímenes.
Sin embargo, sí que recuerda que la Comisión para la Paz de Uruguay (comisión de la verdad) estableció que "durante el período predictatorial y durante la última dictadura militar (27 junio 1973 a 15 de febrero de 1985) adultos y niños sufrieron la práctica aberrante de la desaparición forzada".
Concretamente, se confirmó la desaparición de 28 ciudadanos uruguayos y de 8 de nacionalidad argentina en tierras charrúas.
Asimismo, el informe recoge la desaparición forzada de 178 uruguayos -tres de ellos niños- "desaparecidos" dentro de la operación de represión conjunta de las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay entre los años 70 y 80), conocida como Plan Cóndor.
En cuanto a los niños, se confirmó la desaparición forzada en Uruguay de una menor cuya identidad fue restituida posteriormente; y de otros 13 niños desaparecidos en cautiverio en centros clandestinos de Argentina, cuyas identidades fueron posteriormente restituidas.
Precisamente, varios miembros del Comité se refirieron hoy durante el examen al hecho de que la legislación uruguaya no contemple específicamente un tipo delictivo que se refiera al caso de apropiación y desaparición forzada de un menor, a pesar de que este hecho sí que se considere un agravante.
"Tenemos dos figuras delictivas que se refieren a los casos de menores, pero reconocemos que sería necesario contar con un tipo penal específico de apropiación de menores con la gravedad que ese delito implica", respondió Javier Miranda, director de Derechos Humanos del ministerio de Educación y Cultura.
El Comité también criticó el hecho de que no se impartan a los miembros de la administración y del poder judicial cursos específicos sobre el delito de desaparición forzada.
Los miembros de la delegación uruguaya asumieron en diferentes intervenciones ese déficit, en concreto en lo referente a la formación de jueces y fiscales, aunque mostraron su esperanza de que se subsane en el nuevo Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, así como con los cursos que impartirá el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en aplicación de la sentencia del caso Gelman contra Uruguay.
Por otra parte, la delegación uruguaya confirmó que el proceso de extracción de muestras de ADN de familiares de desaparecidos se realiza con el consentimiento del interesado, y que el uso, traslado y comparación se lleva a cabo en cumplimiento de los mayores estándares internacionales.
Finalmente, la delegación explicó que el Estado está en un proceso de modernización del sistema penitenciario que incluirá la informatización de los registros gracias a la cooperación exterior del gobierno de Cataluña.
El Comité redactará y presentará unas observaciones finales sobre el caso de Uruguay al concluir esta sesión de trabajo que termina el 19 de abril.
EFE
