A través de un comunicado, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) aseveró que las sentencias de la CorteIDH son de obligatorio acatamiento por el Estado.
Comunicado completo:
Las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son de obligatorio acatamiento, la campaña orquestada por el oficialismo manipulando para sus fines partidistas los órganos del Poder Público es, además de inconstitucional y francamente violatoria de tratados internacionales soberanamente suscritos por la República, sencillamente vergonzosa. Alegar la “soberanía” como burladero en el desconocimiento de derechos humanos es la excusa habitual de las dictaduras.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es absolutamente clara.
Su artículo 23 reza: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
Y su artículo 31, “toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”.
No hay pretexto que valga pues, para ignorar la decisión relativa a Leopoldo López, ni razón alguna para descalificar una Corte cuya jurisdicción se reconoció al actuar en ella y al buscar un fallo favorable al Gobierno. Haber perdido ese juicio no autoriza al Estado venezolano a perder el juicio.
Igualmente, el uso indigno de las magistraturas del Estado en un intento de linchamiento moral de una persona no es sino otra evidencia, a los ojos del pueblo venezolano, de la necesidad de un cambio político democrático en el país, para que el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia pautado en la Constitución sea una realidad.
La Mesa de la Unidad Democrática, por supuesto, repudia esos procederes y esas declaraciones que deshonran nuestro gentilicio.
Comunicado completo:
Las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son de obligatorio acatamiento, la campaña orquestada por el oficialismo manipulando para sus fines partidistas los órganos del Poder Público es, además de inconstitucional y francamente violatoria de tratados internacionales soberanamente suscritos por la República, sencillamente vergonzosa. Alegar la “soberanía” como burladero en el desconocimiento de derechos humanos es la excusa habitual de las dictaduras.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es absolutamente clara.
Su artículo 23 reza: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
Y su artículo 31, “toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”.
No hay pretexto que valga pues, para ignorar la decisión relativa a Leopoldo López, ni razón alguna para descalificar una Corte cuya jurisdicción se reconoció al actuar en ella y al buscar un fallo favorable al Gobierno. Haber perdido ese juicio no autoriza al Estado venezolano a perder el juicio.
Igualmente, el uso indigno de las magistraturas del Estado en un intento de linchamiento moral de una persona no es sino otra evidencia, a los ojos del pueblo venezolano, de la necesidad de un cambio político democrático en el país, para que el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia pautado en la Constitución sea una realidad.
La Mesa de la Unidad Democrática, por supuesto, repudia esos procederes y esas declaraciones que deshonran nuestro gentilicio.
