Los diputados franceses abrieron el debate de la ley que pretende multar a los clientes de la prostitución, una norma que causa polémica en el país, como demuestran las dos manifestaciones, de partidarios y opositores, que tienen lugar ante la Asamblea Nacional.La ley, que el Parlamento votará el 4 de diciembre, debía haber comenzado a tratarse el pasado miércoles, pero el retraso de otros proyectos pospuso su discusión.
La polémica provocada por la normativa no se ha traducido en una masiva presencia de diputados en el inicio del debate, abierto por la ministra de Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, y por la relatora del texto, la socialista Maud Olivier, quien defendió que la ley "no es contra la prostitución, sino contra el dinero que alimenta el proxenetismo".
Por eso justificó su proyecto, que propone multas de 1.500 euros a los clientes, al tiempo que levanta las sanciones impuestas por el anterior Gobierno a la práctica de la prostitución en la calle.
Los defensores del texto consideran que el 90 % de las más de 20.000 personas que practican la prostitución en Francia lo hace contra su voluntad, por lo que creen necesaria una ley que les proteja.
Por eso, además de las multas a los clientes, que persiguen frenar la demanda de servicios sexuales, la ley prevé otro paquete de medidas destinadas a dar cobertura a las prostitutas que decidan abandonar el oficio.
En este sentido, las prostitutas extranjeras, que según los cálculos oficiales representan entre el 80 y el 90 %, que quieran dejar la calle tendrán un permiso de residencia de medio año en el país, con un subsidio de 336 euros mensuales.
También contempla medidas para luchar contra el proxenetismo, como la posibilidad de cerrar páginas de internet ubicadas en el extranjero.
Pero la medida que más controversia ha generado es la que penaliza a los clientes porque supone un cambio total, basándose en la legislación sueca adoptada en 1999, lo que ha permitido reducir a la mitad la prostitución.
Dentro del hemiciclo, esta medida despierta oposición entre las filas conservadoras, aunque algunos diputados son favorables a ella.
Tampoco hay unidad entre los ecologistas, quienes creen que lo único que se logrará con esta ley es ocultar la práctica de la prostitución, con el consiguiente peligro suplementario para quienes la llevan a cabo.
Fuera de la Asamblea, dos manifestaciones escenificaron la división que la medida genera en la sociedad, donde, según un sondeo publicado el pasado miércoles, el 68 % de los franceses está en contra de penalizar al cliente.
La más numerosa de las concentraciones fue convocada por el Sindicato de Trabajo Sexual, que se opone a que se penalice al cliente, pero que ve con buenos ojos el levantamiento de las sanciones a las prostitutas y las medidas de protección.
Frente a ellos, asociaciones feministas mostraron su rechazo a la prostitución y su apoyo a una ley que pretende combatirla.
EFE
