La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, explicó que los hechos violentos que se han suscitado a nivel nacional desde el 12 de febrero a la fecha han dejado un saldo de 39 fallecidos, 608 lesionados y 2 mil 285 detenidos, que han sido presentados ante los tribunales.
La funcionaria ofreció un balance general sobre todos los actos conclusivos relacionados con los recientes hechos de violencia y precisó que de los 608 heridos, 414 son civiles y 194 son funcionarios policiales militares. Con respecto a los fallecidos, 31 son civiles y 8 funcionarios policiales, militares y un fiscal del Ministerio Público.
Aseguró que hasta los momentos se han dado 26 actos conclusivos, de los cuales 21 son acusaciones de 67 personas y 5 sobreseimientos e indicó que dicho balance incluye lapresentación de 5 sobreseimientos respecto a 24 ciudadanos.
“Indudablemente aquí ha habido una violación a los derechos humanos de los venezolanos que no han podido ejercer sus funciones, no han podido ejercer su trabajo, no han podido llevar sus niños al colegio, no han podido asistir a un centro de salud porque se le ha impedido el libre tránsito. Igualmente las personas se han tenido que encerrar en sus viviendas debido a las acciones beligerantes, violentas y agresivas que han ocurrido alrededor de su localidad”, dijo.
Aseveró que el Ministerio Público “tiene la obligación de velar por la protección de los derechos de todos porque es el ministerio de todos los venezolanos. Se asumirá el compromiso de hacer justicia con los casos relacionados a violaciones de los derechos humanos así como con los casos en los que se pudieran haber ejecutado acciones violentas en contra de los venezolanos”.
Anunció que de las 2285 personas presentadas ante tribunales, 904 dicen ser estudiantes. “Lo dicen pero después no acreditan la condición”.
A propósito de estos casos, la Fiscal añadió que actualmente el Ministerio Público adelanta102 investigaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, de la cuales 95 son por trato cruel, 2 por tortura, 2 homicidios frustrados y 3 por homicidios consumados.
La funcionaria destacó que la información completa está disponible en la página del Ministerio Público
Distrito Capital
Se acusó a Jean Carlos Cáceres Saavedra y Yeiner Alexander Yánez Mara, ambos funcionarios de Polichacao, acusados de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración, y el segundo homicidio calificado por motivos fútiles e innobles con causal, además de los delitos de quebrantamiento de acuerdos, pactos internacionales, privación ilegítima de libertad, uso indebido de arma orgánica y trato cruel.
Esto fue en perjuicio de Asdrúbal Jesús Rodríguez Araguayán de 26 años, quien era mensajero. El hecho ocurrió el día 19 de febrero de este año, cuando los funcionarios de la Policía de Chacao practicaron la aprehensión de Rodríguez Araguayán, quien posteriormente fue hallado sin vida en las inmediaciones de la avenida Boyacá. Los funcionarios se encuentran privados de libertad.
Bolívar
Se acusó además a los ciudadanos Yohanny Isaac Jimenez, estudiante; Ricardo José Pérez Mora, estudiante; Israel Rivera Betancourt, obrero; Alcides Daniel Ledezma Mata, estudiante; Abraham Daniel Ribera Betancourt, músico; Carlos Daniel Guerra Vargas, locutor; Ivone de Los Ángeles Rojas Gutiérrez, sin oficio o profesión definida; Irica Cristina Fuentes Narváez, igualmente sin oficio o profesión definida; Tibisay Josefina Arias Bello, empleada de una empresa de seguros.
Además, se acusó a los ciudadanos Juan Carlos Zambrano, Iñáqui Jean Pierre y Ronil Véliz, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por los delitos de trato cruel, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales. Todos se encuentran privados de libertad.
Carabobo
Se acusaron a Hermes Samuel Abrahim, ingeniero; Samuel Alfonso Suñiaga, diseñador; Enmanuel Correa, estudiante, por el delito de recarga ilícita de municiones. Todos se encuentran privados de libertad. Asimismo, se acusó al ciudadano Juan Pablo Cárdenas, comerciante, por los delitos de obstaculización de la vía pública en grado de tentativa y resistencia a la autoridad. Además, contra los ciudadanos Yaritza Coromoto Contreras, comerciante, Cristel Ortiz, abogada, Jesús Alberto Segovia, comerciante, por los delitos de obstaculización de la vía pública en grado de tentativa.
Miranda
Se acusó a Hernán José Flores, obrero y Juan José Aponte, deportista, por los delitos de tenencia de artefactos explosivos y resistencia a la autoridad. Tienen medidas cautelares sustitutivas de libertad.
Falcón
Se acusa a los ciudadanos José Vicente García, Rafael Erasmo Mavo Martínez, Dennis Junior Chirinos, todos estudiantes, por los delitos de atentado contra la seguridad en la vía pública en grado de coautores. Todos tienen cautelar sustitutiva de libertad.
También se acusó a Jesús Eduardo Ferrer, Carlos Rodríguez Lozano, Jesús Alfredo Fucó Marcano, estudiantes, por el delito de intimidación pública.
Mérida
Se acusó a los ciudadanos Jesús Armando Torres Vielma, funcionario adscrito a la Gobernación del estado Mérida, por los delitos de instigación pública, porte ilícito de arma de fuego, y aprovechamiento de cosas provenientes del delito, y contra Jesús Enrique Salazar por instigación pública y porte ilícito de arma blanca.
Asimismo, se refirió a los ciudadanos Jesús Alberto Suárez y Jonathan Alexander Albornoz, ambos mototaxistas, por los delitos de instigación pública y porte ilícito de sustancias incendiarias. Así como también se acusó a Ronny Antonio Rivas, bombero, y Rafael Antonio Dávila Vera, mototaxista, por instigación pública.
Lara
Se acusó Roy David Eschenací, Anthony Alejandro Prieto e Iván Alberto Navarro, todos sin profesión u oficio definido por los delitos de instigación pública, resistencia a la autoridad y obstaculización de la vía pública. Tienen cautelar sustitutiva de libertad.
Trujillo
Se acusó a Jesús Enrique Chacón, obrero, por el delito de hurto calificado y uso de adolescente para delinquir. Tiene cautelar sustitutiva de libertad. Además, contra Enmanuel José Zapata, Dainys Rondón Briceño, José Aurelio Albarrán y Mario Chirinos Viloria, todos obreros, por hurto calificado.
Vargas
Se acusa a Alfredo Antonio Martínez Acuña, William Daniel Véliz Rojas, ambos estudiantes, por el delito de agavillamiento y ultraje violento.
