El pleno del Tribunal Constitucional no ha tenido este lunes ninguna duda y ha aprobado por unanimidad admitir a trámite los recursos del Gobierno contra la ley de consultas, aprobada por el Parlamento catalán el pasado día 19, y el decreto de convocatoria del referéndum de soberanía del 9 de noviembre, firmado el sábado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. La admisión supone por sí sola la suspensión de la vigencia de ambas resoluciones, ya que el Ejecutivo así lo ha había solicitado, invocando la posibilidad de veto que le otorga la Constitución para congelar las normas autonómicas, tal y como indican las providencias apoyadas por los 12 magistrados que componen el pleno.
El tribunal ha dejado claro en su providencia que con la admisión de los recursos quedan suspendidos tanto la ley como el decreto de la consulta y sus anexos, "así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella".
La suspensión se extiende durante un plazo máximo de cinco meses. En ese tiempo, el tribunal deberá decidir si mantiene la paralización sin fecha límite o si revoca su decisión. Esta resolución ha de estar motivada.Los efectos de la suspensión para la Generalitat comenzarán cuando reciba la notificación del tribunal. Para terceros —es decir, los Ayuntamientos que puedan participar en la campaña soberanista— son efectivos cuando la decisión se publique en el BOE. En su resolución, el tribunal otorga a las partes 20 días para presentar alegaciones.
Pese a que el pleno ha sido "ordinario", la inmediatez en su convocatoria apenas seis horas después de la presentación de los recursos ha sido el único punto que mereció la justificación del tribunal ante las críticas que estaba recibiendo del propio Mas, quien ha reprochado esa "velocidad supersónica". En un comunicado hecho público tras el pleno, que ha durado poco más de una hora, el tribunal ha alegado que su decisión obedece a que "es consciente de la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana".
Los magistrados encargados de redactar las ponencias sobre las que se emitirán en su día las sentencias son Pedro González Trevijano y Juan Antonio Xiol. El primero, quien se encargará de analizar la ley de consultas, fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos y elegido miembro del Constitucional a propuesta del Gobierno de Rajoy. Xiol, quien fue magistrado del Supremo, será el ponente del recurso del decreto. Fue propuesto por los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial.
En el caso de que la Generalitat no acate la resolución, se produciría un hecho insólito en la historia del Tribunal de Garantías, que tendría que evaluar cómo exige el cumplimiento de su resolución. Según la ley que regula el propio tribunal, este puede disponer quién ha de ejecutar su resolución y, en su caso, resolver las incidencias.
La norma señala además que el Constitucional podría "declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de estas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó”. En, al menos, dos ocasiones el tribunal se ha declarado competente para “adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su jurisdicción”. Sin embargo, otras fuentes afirman que el Constitucional no dispone de los instrumentos para hacerlo con lo que el Gobierno debería acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo para reclamar la ejecución de su decisión.
El Ejecutivo confiaba, y así lo había trasladado en privado, en que el Constitucional dejase muy claro qué significa la suspensión, sobre todo para los actos de los preparativos de la consulta de estos días. El Gobiernocree que es el propio tribunal el que debe asumir el protagonismo para hacer cumplir la resolución dictada este lunes.
El Gabinete confía en no tener que tomar medidas drásticas para impedir la consulta y todos los preparativos que la rodean. En el Ejecutivo están convencidos, tal como este lunes ha trasladado Rajoy, de que la Generalitat no se declarará en rebeldía ante el Constitucional y, sobre todo, no forzará a funcionarios públicos, incluidos los Mossos d’Esquadra o directores de colegios, a arriesgar su empleo al desobedecer una decisión clara de esa institución. En cualquier caso, por si hiciera falta tomar medidas, el Gobierno confía en que sea el propio tribunal el que pida a la policía judicial en Cataluña, en este caso los mossos, que ejercen como tales en esa comunidad, que las adopte. Y, de nuevo, nadie se plantea que se nieguen.
El Ejecutivo ha trabajado internamente varios escenarios y se ha planteado la posibilidad, en caso extremo, de enviar una comunicación a todos los empleados públicos en Cataluña para recordarles las graves consecuencias que tendría para ellos —incluida la posible pérdida de la condición de tal— desobedecer una decisión del Constitucional. Aun así, confía en no tener que llegar a tanto.
Una de las primeras pruebas de fuego será comprobar si la Generalitat frena, como todo parecía indicar este lunes, la campaña institucional sobre la consulta que ya había comenzado. Pero habrá muchas más pruebas y el Constitucional, con el apoyo del Ejecutivo —la Abogacía del Estado puede intervenir en cualquier momento para solicitar que se cumpla la decisión del tribunal— deberá marcar la pauta en cada ocasión, o eso señalan al menos fuentes del Ejecutivo. El Gobierno quiere evitar la vía penal, con la intervención de la fiscalía, y prefiere usar otras mientras pueda para evitar mensajes de victimismo.
Además de la batalla jurídica con la Generalitat, otro de los principales temores del Gobierno en este momento es lo que pueda pasar en la calle tras la suspensión. La protesta en Cataluña ha sido hasta ahora pacífica y el Ejecutivo quiere a toda costa evitar imágenes de tensión ciudadana. Rajoy ha optado, y así se lo ha explicado a todos sus colaboradores, por una respuesta firme, pero suave en las formas y no quiere oír hablar de aplicar el artículo 155 para suspender la autonomía ni ninguna medida policial drástica.
El Gabinete confía en que no sean necesarias aunque sí le preocupa que se puedan repetir movilizaciones como la celebrada anoche frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña u otros lugares simbólicos, con la posibilidad de algún intento de acampada. La protección de la Delegación es lo único que en Cataluña depende directamente de Interior. Lo demás corresponde a los mossos.
EL PAIS
