El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, aseguró este jueves que pidió a su gabinete de seguridad acelerar la investigación para dar con los responsables de los actos de "barbarie" registrados el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, donde murieron seis personas y hay 43 estudiantes desaparecidos.
En un evento público en Irapuato, en el estado de Guanajuato, el mandatario aludió a las multitudinarias manifestaciones registradas el miércoles en México y varios países del mundo para repudiar la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes, hechos en los que presuntamente están involucrados policías municipales.
"Se trata de un hecho verdaderamente inhumano, prácticamente un acto de barbarie", dijo Peña Nieto, quien indicó que ha pedido a su gabinete de seguridad acelerar la investigación, a fin de "dar con aquellos que por negligencia o actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala".
Sobre los 28 cuerpos hallados en fosas clandestinas en esa localidad del estado de Guerrero, que podrían corresponder a algunos de los desaparecidos, señaló que "deja ver el nivel de barbarie y el carácter inhumano" de este hecho, el cual "empaña el esfuerzo colectivo" para lograr un país de mayor "progreso y desarrollo".
Peña Nieto dijo ser "solidario" con las "expresiones que, con justa razón, demandan una investigación a fondo" para que "muy pronto la sociedad mexicana pueda conocer quiénes fueron los responsables de estos hechos dolorosos, lamentables e inaceptables".
Además, reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades estatales y municipales por la justicia y la protección de los derechos humanos, "dos pilares fundamentales de la política de seguridad y justicia" de su Gobierno.
Esa es la instrucción "precisa y puntal que tienen todas las instancias de seguridad y justicia" del Gobierno federal, destacó Peña Nieto, muy cuestionado estos días por su actuación tardía en el caso.
En su primera declaración sobre los ataques contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa (dedicada a la formación de maestros de primaria), el presidente pidió al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que asumiera la responsabilidad ante la ola de violencia en su estado.
Sin embargo, la posición del Gobierno federal dio un vuelco el fin de semana pasado tras el hallazgo de las fosas clandestinas y los indicios de que en los ataques habían participado miembros del crimen organizado, lo que obligó a la Fiscalía general a asumir las investigaciones.
Por los ataques producidos la noche del 26 de septiembre hay más de 30 detenidos, de los cuales 22 son policías municipales presuntamente vinculados con Guerreros Unidos, un grupo que surgió en 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
EFE
