Aprobada por mayoría Ley Contra el Silencio y el Olvido
El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Fernando Soto Rojas, hizo la presentación del Proyecto de Ley para Sancionar los Delitos, Torturas, Desapariciones y demás Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 y Reparación e Indemnización a la Víctimas
Luego de una confrontación, que prometía ser más encendida, la plenaria de la Asamblea Nacional de este martes aprobó por mayoría en primera discusión el Proyecto de Ley para Sancionar los Delitos, Torturas, Desapariciones y Demás Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 y Reparación e Indemnización a la Víctimas.
Tras una serie de comentarios históricos que contextualizaron el inicio del período puntofijista en Venezuela, el presidente del Parlamento, diputado Fernando Soto Rojas, ponente del nuevo instrumento jurídico, puntualizó que el proyecto es muy sencillo: tiene 4 capítulos y 24 artículos.
Capítulo I: Disposiciones Generales; Capítulo II: Comisión de la Verdad, al frente de esta ley; Capítulo III: Mecanismos de Reparación a las Víctimas; Capítulo IV: Memoria Histórica de las Luchas Populares Venezolanas; Disposición Transitoria: el Ministerio debe informar al Poder Popular sobre las investigaciones de los hechos violatorios de los derechos humanos, que contribuya a preservar la memoria histórica y crear la visión digna del tratamiento de los derechos humanos.
La idea de la Ley Contra el Silencio y el Olvido, como se le llama habitualmente, no es sembrar el odio, sino hacer justicia, reiteró Soto Rojas; uno de cuyos hermanos, Víctor Soto Rojas, es uno de los innumerables militantes revolucionarios que murieron a manos de los cuerpos represivos en la década del 60 del pasado siglo. Fue lanzado vivo desde un helicóptero en pleno vuelo, en las montañas de El Bachiller, en el estado Miranda, y su cadáver nunca fue hallado.
El debate arrancó pasadas las 5:30 de la tarde, en virtud de que debió suspenderse temporalmente la sesión tras la presentación ante la plenaria de varias propuestas en torno al caso de El Rodeo, por parte de la presidenta de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, diputada Yelitza Santaella, una de las cuales se refirió a la remoción del parlamentario William Ojeda de la vicepresidencia de la mencionada comisión.
Las intervenciones de los asambleístas opositores básicamente coincidieron en que no debía ser sólo en el lapso de 1958 a 1998 donde se hicieran las averiguaciones para sancionar a los responsables de crímenes políticos, sino que incluya años previos a 1958, es decir durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y años posteriores a 1998, o sea, los 12 años del Gobierno Bolivariano.
Entre los legisladores de oposición que participaron estuvieron Juan José Caldera (PJ-Miranda), quien fue el primero por la bancada opositora; William Dávila (AD-Mérida); Walter Márquez (Copei-Táchira); Luis Barragán (PJ-Aragua) y Freddy Valera (Causa R-Bolívar).
Por la bancada bolivariana intervinieron Iris Varela (PSUV-Táchira); María León (PSUV-Aragua) y Blanca Eekhout (PSUV-Portuguesa), entre otras voces a favor de la ley. Sus alegatos avalaron 100% los planteamientos presentados por Soto Rojas.
En los palcos 1 y 2 del Hemiciclo Protocolar estaban los invitados especiales, muchos de ellos familiares de militantes asesinados en torturas, desaparecidos o muertos en masacres, prácticas éstas que formaron parte de la política de Estado en los gobiernos de la IV República.
Entre los invitados e invitadas pueden mencionarse: José Vicente Rangel (que debió retirarse poco antes de iniciar el debate de la ley); diputada al Parlatino Capítulo Venezuela Marelis Pérez; Nelly Gómez, Lídice Navas, Paúl del Río, Mónica Venegas, Raquel Castro, Rosa Millán, Ítalo Silva, Pedro Linares y José Gregorio Rodríguez.
Tras la Segunda Guerra Mundial se creyó en la llegada definitiva de la paz
Una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial se creyó que vendrían tiempos de paz, sin embargo para quienes tenían experiencia política militante sabían que aquello no sería fácil, argumentó Soto Rojas al comienzo de la presentación de la Ley Contra el Silencio y el Olvido.
En contraposición a aquella esperanza, a partir de 1945 va tomando fuerza el imperialismo y el anticomunismo, señaló en el recuento histórico.
Llega el año 1958, recordó, cuando se unen las fuerzas populares y militares y derrocan la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Para entonces, nace la Junta Patriótica liderada por Fabricio Ojeda, que hoy cumple 45 años de haber sido asesinado en torturas en los sótanos del desaparecido Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA).
Quienes tenían conciencia política, explicó Soto Rojas, sabían que con el Pacto de Puntofijo, cuyos líderes fueron convocados por Washington, a saber: Rómulo Betancourt (Acción Democrática), Rafael Caldera (Partido Social Cristiano Copei) y Jóvito Villalba (Unión Republicana Democrática) no iban a prosperar los objetivos de paz e igualdad que guiaron la lucha clandestina contra la dictadura perezjimenista.
Desde Estados Unidos se instrumentó una política de contrainsurgencia luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, al mando de Fidel Castro, buscaba exterminar a quienes representaban posiciones revolucionarias: trabajadores, campesinos, estudiantes, en fin, militantes que confrontaban los lineamientos imperialistas.
En 1960 se inicia en Venezuela la práctica de torturas y desapariciones
En Venezuela comenzó la práctica de torturas y desapariciones en 1960, los teatros de operaciones (TO) fueron los lugares desde donde se desaparecían a las personas luego de torturarlas: electricidad en los genitales masculinos, en los senos, enterrar viva a la gente, lanzar vivos a presos políticos desde helicópteros, ahogamientos con bolsas plásticas en la cabeza, entre otros tratos degradantes, violatorios de los derechos humanos, ejemplificó el diputado.
Enumeró los cinco TO, verdaderos campos de concentración, a saber: TO1 en Cabure, estado Falcón; TO2 en Cachifo, estado Monagas; TO3 en Tocuyo, estado Lara; TO4 en Cocollar, estado Sucre y TO5 en Yumare, estado Yaracuy.
Simultáneamente, añadió, estaban las unidades tácticas militares y los organismos civiles como la Digepol y luego Disip, todos cuerpos diseñados para la tortura y la degradación de la dignidad de los seres humanos.
En realidad no hubo detenidos sino secuestrados durante el período puntofijista, en muchos casos personas que ni siquiera eran militantes de izquierda sino familiares de guerrilleros.
Trajo al presente distintas masacres perpetradas durante los gobiernos de la IV República, una de ellas la del Liceo Sanz, en 1962 (este hecho ocurrió el 4 de mayo de ese año, cuando efectivos de la Digepol irrumpieron en el liceo Miguel José Sanz, y enfrentaron a estudiantes que manifestaban. Asesinaron en un aula a Rafael Guerra Silva y a Alberto César Millán e hirieron a 27 jóvenes. Los mártires Guerra y Millán).
Aún hoy se desconoce el paradero de venezolanos y venezolanas víctimas de desapariciones, enfatizó Soto Rojas. Sin embargo, ante esas violaciones no hubo respuesta por parte de los gobiernos de la IV República.
Citó el artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
Asimismo, mencionó distintos convenios internacionales suscritos por Venezuela contra la violación de los derechos humanos.
Aportes del Poder Popular y el carácter delictual del Puntofijismo
El Frente de Familiares de Desaparecidos y Torturados entre 1958 y 1998 es una de varias organizaciones que hicieron importantes aportes al proyecto que hoy se discute, cuyo propósito es sancionar a los responsables de los crímenes políticos.
El Puntofijismo fue un régimen delictual, calificó Soto Rojas y enumeró los tres aspectos esenciales que a su juicio así lo determina: primero, entrega de la soberanía del país; segundo, la corrupción administrativa de presidentes, ministros y subalternos, que quedó ampliamente demostrada, amasaron fortunas que aún disfrutan; tercero, desapariciones, torturas, masacres que fue una política de Estado de los gobiernos puntofijistas.
La idea de esta ley no es sembrar el odio, sino hacer justicia, volvió a insistir Soto Rojas. En la Revolución Bolivariana, bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez, se va a saldar la deuda moral acumulada a la fecha y finalmente se va a dar al traste con la odiosa división de clases.
(ANTV)
