Ante la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), fueron condenados a 30 años de prisión los funcionarios de la policía del estado Mérida, Douglas Contreras y Edwin Sánchez, por su responsabilidad en el sicariato del comisario de ese cuerpo de seguridad, Fray Buitrago, hecho ocurrido el 13 de noviembre de 2010 en el sector Guachizón, municipio Obispo Ramos de Lora del estado Mérida.
De igual manera, por este mismo hecho fue condenado a 15 años de prisión el funcionario de la policía de ese estado, Jonny Escalante.
En el juicio oral y público, los fiscales 38º nacional y 7º de Mérida, Jhonny Méndez y Nelson Granados, respectivamente, ratificaron la acusación contra Contreras por la comisión de los delitos de sicariato en grado de autor intelectual y asociación para delinquir.
Igualmente, ratificaron la acusación contra Sánchez por la comisión de los delitos de sicariato, en grado de cooperador inmediato, y asociación para delinquir.
Adicionalmente, los fiscales acusaron a Escalante por la comisión de los delitos de sicariato en grado de cómplice y asociación para delinquir.
Tales delitos están previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Una vez evaluados los medios de prueba presentados por el MP, el Tribunal 1º de Juicio de Mérida dictó la referida condena para los tres hombres y fijó como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de la Región Andina.
El citado día, aproximadamente a las 8 de la mañana, Buitrago salía de la casa de un familiar ubicada en el referido sector, cuando un hombre, sobre quien actualmente pesa una orden de aprehensión, lo interceptó y le disparó en varias ocasiones causándole la muerte.
Seguidamente, el victimario huyó en un vehículo marca Fiat, modelo Palio, color azul, el cual era conducido por Sánchez y que fue quemado luego del hecho.
Como resultado de la investigación, se determinó la participación de Contreras y Escalante, por lo que el Ministerio Público solicitó las respectivas órdenes de aprehensión ante el Tribunal 2º de Control de esa jurisdicción.
Por tal motivo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas aprehendieron a los tres funcionarios el 20 de enero de 2011.
