Miles de japoneses pidieron hoy en Tokio el fin de la energía atómica en el primer aniversario del accidente en la central nuclear de Fukushima, que despertó el fantasma de la radiactividad en el país asiático y mantiene evacuadas a más de 80 mil personas.
El foco de las protestas contra la energía nuclear fue el céntrico parque de Hibiya en Tokio, donde se congregaron ciudadanos de todas las edades con llamativas pancartas, entre música en directo y proclamas y conferencias a pie de calle contra la radiactividad.
La llamada "Gran Marcha de Tokio" comenzó poco después de que la multitud reunida rindiese homenaje a las víctimas con un minuto de silencio a la misma hora en que hace un año se produjo el terremoto de 9 grados en la escala de Richter que desató un tsunami que costó la vida a más de 19.000 personas.
Entre una fuerte presencia policial que siguió de cerca la marcha por el distrito comercial de Ginza y la zona de ministerios de Kasumigaseki, los participantes (45.000 según los organizadores y 6.800 según la Policía) fueron divididos en grupos para no entorpecer las calles en una soleada tarde.
"Con un Fukushima ya hemos tenido bastante", dijo a Efe Yuta Ito, de 24 años y uno de los que portó a la marcha un cartel por el fin de las nucleares.
"Deberían cerrar todas las centrales nucleares. En Japón tenemos la tecnología para crear nuevas fuentes de energía pero el Gobierno elige la nuclear porque es más barata", opinó.
La crisis nuclear obligó a decretar una zona de exclusión de 20 kilómetros en torno a la planta de Fukushima Daiichi por alta radiación, lo que ha supuesto la evacuación de todos los municipios de ese área, mientras que decenas de miles de personas han abandonado zonas más alejadas también afectadas por la radiactividad.
Tras el accidente nuclear 52 de los 54 reactores nucleares de Japón están detenidos por seguridad o revisiones rutinarias, lo que ha disparado las importaciones de hidrocarburos, los llamamientos para un consumo responsable y las voces que piden fuentes alternativas.
Hoy, el primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, indicó en una rueda de prensa que tras evaluar los resultados de las pruebas de seguridad se consultará con las autoridades locales su posible reapertura, aunque evitó poner una fecha.
Tras Fukushima, el Gobierno nipón ha señalado que reducirá su dependencia de la energía nuclear, pero todavía no ha diseñado un plan ni establecido objetivos concretos.
Los manifestantes portaban carteles que acusaban directamente a la operadora de la maltrecha planta, TEPCO, y al Gabinete de Noda, mientras otros denunciaban la contaminación en alimentos y pedían la protección de la población, sobre todo la de los niños.
El año pasado se detectaron en la región próxima a la planta partidas de carne, té y cereales contaminados, y pese a los controles que actualmente se efectúan muchos consumidores todavía miran con desconfianza los alimentos de la zona.
Para paliar la intranquilidad, el 1 de abril entrarán en vigor límites más estrictos para los alimentos como carne, verdura o pescado, cuya tasa máxima de cesio radiactivo no podrá superar los 100 bequereles por kilo, un límite cinco veces menor que el actual.
"A mí lo que más me preocupa son los alimentos. No creo que se pueda decir que son cien por cien seguros", indicó a Efe Takeda, de 36 años e integrante del colectivo "Jóvenes contra las nucleares".
Al término de la marcha, los participantes se congregaron en torno al edificio de la Dieta (Parlamento) para formar una cadena humana e instar al Gobierno a abandonar la energía atómica.
Numerosos policías vigilaron el estrecho espacio por el que discurría la larga fila, cuyos integrantes portaban velas y peticiones para el Ejecutivo.
El pasado diciembre el Gobierno decretó que los reactores de Fukushima estaban en "parada fría", por debajo de los 100 grados centígrados, pero todavía cerca de 3.000 trabajadores se esfuerzan cada día por mantener la estabilidad y evitar filtraciones antes de retirar el combustible nuclear y desmantelar los reactores.
Se estima que para retirar el combustible serán necesarios unos 25 años, a los que habrá que sumar otros 15 más para desmantelar la planta.
EFE
