(Buenos Aires, 10 de marzo. EFE).- La Corte Suprema argentina validó hoy la demanda de los familiares de una víctima del atentado contra la mutua judía Amia en 1994 y ordenó al Estado que los indemnice por considerar que incumplió funciones de prevención e investigación y no actuó con el “principio de la buena fe”.
En su fallo, difundido por el Centro de Información Judicial, la Corte ratificó la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que admitió la demanda de daños y perjuicios contra el Estado argentino iniciada por los familiares de una de las víctimas del atentado a la Amia, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos en 1994.
Según el fallo, la beneficiaria del proceso de indemnización es Ruth Myriam Faifman de Tenembaun, esposa de Naúm Javier Tenenbaum, quien falleció en el ataque.
La Corte desestimó el recurso presentado por el Estado que defendía que el delito del que se le acusaba estaba prescrito.
El máximo tribunal argentino hizo referencia al decreto publicado en 2005 en el que el Ejecutivo argentino, entonces encabezado por el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007),reconoció su responsabilidad por el incumplimiento de su funciones de prevención e investigación del atentado y el encubrimiento del mismo.
En el fallo, la Corte destacó que el Estado también se comprometió a promover la sanción de una ley de reparación para todos los damnificados, lo que supuso reconocer ante la Comisión que violó de forma “incondicionada y absoluta” sus derechos y los de sus familiares, y generó “la obligación a indemnizar”, hubieran iniciado o no acciones judiciales.
La Corte consideró que la actitud de la Administración resultó “incompatible” con el “principio de la buena fe”, ya que, casi diez años después de haber asumido el compromiso ante organismos internacionales, la ley no fue dictada, las víctimas no consiguieron reparación y cuando demandan judicialmente para lograrla, se oponen a ellas “con el argumento de que el plazo de prescripción está cumplido”.
El acta fue aprobada después de que las organizaciones no gubernamentales Memoria Activa, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) denunciaran al Gobierno argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por su actuación tras el suceso.
El atentado contra la Amia es considerado la peor agresión contra intereses judíos desde la II Guerra Mundial.
El fiscal que investigaba la causa, Alberto Nisman, fue encontrado en su domicilio, con un tiro en la cabeza, en circunstancias aún sin aclarar, el pasado 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la presidenta, Cristina Fernández, por encubrimiento de los sospechosos iraníes acusados del ataque.
