La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano pagar, como reparación económica, $105 mil a la sentenciada por terrorismo Gladys Espinoza González, quien denunció haber sido víctima de tortura y violación sexual en instalaciones policiales cuando fue detenida en la década de los noventa.
Según el diario Correo, la Corte IDH acogió la acusación planteada por la defensa de Espinoza, quien fue condenada a 25 años de prisión por haber pertenecido al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En su poder, de acuerdo a la sentencia judicial, se hallaron 16 cartas extorsionadoras a nombre del MRTA, 12 hojas membretadas con el logo del grupo subversivo, una granada de guerra y un distorsionador de voz.
En diálogo con RPP Noticias, el juez supremo César San Martín cuestionó la sentencia de la instancia supranacional al calificarla como un “escándalo jurídico”, ya que -según dijo- se basó en la opinión de un perito.
“La valoración de la prueba y los criterios que ha utilizado son equivocados. Dice que hay discriminación porque dice, no nos dice qué criterios objetivos, pautas de ponderación, se debe utilizar”, comentó.
Sin embargo, San Martín apuntó que se debe acatar la sentencia que es inapelable. “Es la única y última instancia. Ya resolvió la Corte”, apuntó.
Según dijo, el monto total a pagar por el Estado peruano no es de 105 mil dólares, sino que ascendería a 142 mil, que se dividiría entre la terrorista, las ONG y la propia Corte. “Todos comen de ahí”, acotó.
