Durante la tarde de este martes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, fijó posición ante las sanciones emitidas el día de ayer por el gobierno de EE UU contra funcionarios venezolanos.
Según palabras de Lucena, el CNE ha considerado necesario e imperativo hacer un pronunciamiento de rechazo a la calificación llamada “Situación de Venezuela” como una amenaza a la seguridad nacional y la política de comercio exterior de la nación norteamericana.
“Esta calificación que incluye la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno norteamericano, agrede al Estado venezolano en su institucionalidad democrática. Estas acciones que en el pasado han precedido cruentas agresiones militares como en el caso de Nicaragua, Haití, Panamá, Granada, Vietnam, Irak, Libia, Ucrania o Siria, cuyo saldo no ha sido más que la incitación de conflictos bélicos internos y de crisis políticas e institucionales profundas y duraderas, no hace más que alarmar al pueblo venezolano quien no ha protagonizado conflicto bélico alguno“, destacó Lucena.
En este sentido, la máxima autoridad del CNE, aseguró que esta agresión pretende lesionar las posibilidades de desarrollar el evento electoral parlamentario previsto para este año, así como los procesos de elección primarias.
“Esta pretensión no la vamos a permitir bajo ningún concepto”, manifestó Lucena, al tiempo que indicó que, “este Poder Electoral nunca ha negado la existencia de diferencia política pero siempre ha sido consecuente en administrar la tensión política, penado únicamente en la paz y en el ejercicio pleno de la soberanía del pueblo venezolano quien es al final de cuenta, el único que puede decidir cual es el Gobierno que desea tener”.
“Una nación extranjera se yergue contra Venezuela como juez y parte de la administración de los derechos humanos en nuestro país, como calificador sobre los niveles de pulcritud en el manejo de los recursos públicos, y peor aun como evaluador de los procesos democráticos en nuestra patria”, señaló Lucena.
De igual manera precisó que “la orden ejecutiva es en sí misma contra toda justificación, una formula de intervención e intimidación que además de las insólitas sanciones que impone,preanuncia el uso eventual de la fuerza incluso militar, para imponer un orden de cosas en nuestra patria, distinto del que soberana y autónomamente se ha dado, se da y se dará en nuestro pueblo en ejercicio de sus derechos políticos fundamentales”.
