Cofavic presenta un estudio sobre el grave fenómeno de los grupos parapoliciales en Venezuela, a través del análisis de 81 casos emblemáticos ocurridos entre el año 2000 y 2009 en los estados Distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Falcón, Guárico, Monagas, Portuguesa, Anzoátegui, Lara, Táchira, Yaracuy y Zulia.
Este estudio visibiliza un grave esquema de impunidad y un modus operandi como común denominador en el desarrollo de estas graves violaciones de los derechos
humanos, cometidas por grupos parapoliciales. Las cifras reseñadas demuestran, de manera contundente, cómo las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, en su mayoría, son atribuidas a las fuerzas policiales y posteriormente son presentados generalmente por éstas como presuntos enfrentamientos.
Las víctimas son hombres jóvenes pertenecientes a estratos sociales muy vulnerables, quienes, en muchos casos, han sufrido delicados procesos de extorsiones y amenazas. Además, otros elementos comunes son los ataques y actos de hostigamiento que sufren las personas que deciden denunciar estos crímenes y buscar justicia.
En el estudio que presenta COFAVIC, la mayoría de las víctimas se encuentran en el rango comprendido entre los 18 y 30 años de edad, representando el 67% de la muestra, por su parte, las víctimas de entre 0 y 17 años de edad representan el 16%, seguido por el 17% de víctimas de violaciones con edades entre 31 y 50 años.
Del total de casos documentados, 93% de las víctimas directas resultaron ser hombres y 7% mujeres, muchas de ellas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o sometidas a torturas y tratos crueles. Esto configura un aumento que se hace visible desde el 2003 cuando, en un 6% en los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, las víctimas eran mujeres.
El 72% de las denuncias de casos de violaciones a los derechos humanos son presentadas por mujeres (madres, abuelas, hermanas o esposas de las víctimas), y en ello se puede fácilmente apreciar una feminización de la impunidad.
El 62% de los casos reportó la acción de funcionarios uniformados con distintivos propios de fuerzas de seguridad y, en el 34,6% de los casos, para la comisión de los delitos se utilizó el vehículo oficial del cuerpo de seguridad correspondiente.
Del total de casos analizados, en el 60,5% presuntamente participaron funcionarios policiales. En el 21% de los casos los delitos se atribuyen a presuntos funcionarios del CICPC, en el 12,3% a funcionarios de otros organismos de seguridad como la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, en el 2,5% de los casos a efectivos de la Fuerza Armada Nacional a través de la Guardia Nacional y en el 3,7% de los casos las víctimas y familiares no saben la identidad de los perpetradores del hecho.
Con relación al estado del proceso en las instancias internas, el 49,4% de los casos se encuentra en fase de investigación o preparatoria, es decir, en estos casos las víctimas no han visto a un juez. El 16% está en fase de juicio; el 13,6% en fase intermedia; el 4% en fase de ejecución con sentencia definitivamente firme y en el 17% de los casos las víctimas o familiares no han sido informados de los avances, puesto que han disminuido su seguimiento de la denuncia.
Estas cifras reflejan que en el 96% de los casos aún no se ha condenado a los responsables del hecho.
Cada caso pasa un promedio de cuatro (4) años para llegar a una etapa procesal determinada. Sin embargo, COFAVIC ha acompañado casos en los que se tiene más de quince (15) años en etapa de investigación. Por ejemplo, en Aragua existen casos con seis (6) años en etapa preparatoria; en Carabobo un caso tardó seis (6) años en llegar a la fase intermedia, en Zulia un caso tardó once (11) años en llegar a fase de juicio y en Miranda un caso en tardó siete (7) años para que se dictara sentencia.
Vemos con profunda preocupación que en los últimos cuatro años han aumentado los casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de homicidios múltiples. También, en un número importante de casos, se reflejan víctimas de diferentes delitos contra los derechos humanos afectadas de manera directa. Algunas resultan asesinadas en la misma oportunidad, como ocurrió inicialmente en el caso de la familia Mendozai, en Portuguesa, o de forma progresiva diversos integrantes del núcleo familiar son asesinados, como en el caso de la familia Barrios,ii en Aragua. En otros casos las víctimas son detenidas ilegal y arbitrariamente y sufrieron violaciones directas a su derecho a la integridad personal.
Otro hecho demostrativo de este grave esquema de impunidad, es que un número
creciente de familias afectadas en estos casos son obligadas a desplazarse de sus hogares, por efecto de las diversas amenazas y hostigamientos, lo cual acarrea un cambio brusco en su modo de vida con daños importantes a nivel físico y moral.
La práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, seguidas de ejecuciones extrajudiciales, así como del uso excesivo e indiscriminado de la fuerza atribuible a los órganos de seguridad, es un fenómeno que se ha ido profundizando en Venezuela. El Ministerio Público ha reconocido que la mayoría de los responsables de estas acciones son miembros activos de organismos de seguridad que tienen una gran experiencia en detenciones y levantamiento de pruebas, lo que ha dificultado la identificación clara de los responsables.
Por la magnitud de las actuaciones de los grupos parapoliciales en el país, diversos organismos del Estado han reconocido progresivamente la problemática, aunque lamentablemente esto no se ha traducido en una reducción significativa de la brecha de impunidad que ha prevalecido en estos casos.
Este estudio visibiliza un grave esquema de impunidad y un modus operandi como común denominador en el desarrollo de estas graves violaciones de los derechos
humanos, cometidas por grupos parapoliciales. Las cifras reseñadas demuestran, de manera contundente, cómo las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, en su mayoría, son atribuidas a las fuerzas policiales y posteriormente son presentados generalmente por éstas como presuntos enfrentamientos.
Las víctimas son hombres jóvenes pertenecientes a estratos sociales muy vulnerables, quienes, en muchos casos, han sufrido delicados procesos de extorsiones y amenazas. Además, otros elementos comunes son los ataques y actos de hostigamiento que sufren las personas que deciden denunciar estos crímenes y buscar justicia.
En el estudio que presenta COFAVIC, la mayoría de las víctimas se encuentran en el rango comprendido entre los 18 y 30 años de edad, representando el 67% de la muestra, por su parte, las víctimas de entre 0 y 17 años de edad representan el 16%, seguido por el 17% de víctimas de violaciones con edades entre 31 y 50 años.
Del total de casos documentados, 93% de las víctimas directas resultaron ser hombres y 7% mujeres, muchas de ellas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o sometidas a torturas y tratos crueles. Esto configura un aumento que se hace visible desde el 2003 cuando, en un 6% en los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, las víctimas eran mujeres.
El 72% de las denuncias de casos de violaciones a los derechos humanos son presentadas por mujeres (madres, abuelas, hermanas o esposas de las víctimas), y en ello se puede fácilmente apreciar una feminización de la impunidad.
El 62% de los casos reportó la acción de funcionarios uniformados con distintivos propios de fuerzas de seguridad y, en el 34,6% de los casos, para la comisión de los delitos se utilizó el vehículo oficial del cuerpo de seguridad correspondiente.
Del total de casos analizados, en el 60,5% presuntamente participaron funcionarios policiales. En el 21% de los casos los delitos se atribuyen a presuntos funcionarios del CICPC, en el 12,3% a funcionarios de otros organismos de seguridad como la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, en el 2,5% de los casos a efectivos de la Fuerza Armada Nacional a través de la Guardia Nacional y en el 3,7% de los casos las víctimas y familiares no saben la identidad de los perpetradores del hecho.
Con relación al estado del proceso en las instancias internas, el 49,4% de los casos se encuentra en fase de investigación o preparatoria, es decir, en estos casos las víctimas no han visto a un juez. El 16% está en fase de juicio; el 13,6% en fase intermedia; el 4% en fase de ejecución con sentencia definitivamente firme y en el 17% de los casos las víctimas o familiares no han sido informados de los avances, puesto que han disminuido su seguimiento de la denuncia.
Estas cifras reflejan que en el 96% de los casos aún no se ha condenado a los responsables del hecho.
Cada caso pasa un promedio de cuatro (4) años para llegar a una etapa procesal determinada. Sin embargo, COFAVIC ha acompañado casos en los que se tiene más de quince (15) años en etapa de investigación. Por ejemplo, en Aragua existen casos con seis (6) años en etapa preparatoria; en Carabobo un caso tardó seis (6) años en llegar a la fase intermedia, en Zulia un caso tardó once (11) años en llegar a fase de juicio y en Miranda un caso en tardó siete (7) años para que se dictara sentencia.
Vemos con profunda preocupación que en los últimos cuatro años han aumentado los casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de homicidios múltiples. También, en un número importante de casos, se reflejan víctimas de diferentes delitos contra los derechos humanos afectadas de manera directa. Algunas resultan asesinadas en la misma oportunidad, como ocurrió inicialmente en el caso de la familia Mendozai, en Portuguesa, o de forma progresiva diversos integrantes del núcleo familiar son asesinados, como en el caso de la familia Barrios,ii en Aragua. En otros casos las víctimas son detenidas ilegal y arbitrariamente y sufrieron violaciones directas a su derecho a la integridad personal.
Otro hecho demostrativo de este grave esquema de impunidad, es que un número
creciente de familias afectadas en estos casos son obligadas a desplazarse de sus hogares, por efecto de las diversas amenazas y hostigamientos, lo cual acarrea un cambio brusco en su modo de vida con daños importantes a nivel físico y moral.
La práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, seguidas de ejecuciones extrajudiciales, así como del uso excesivo e indiscriminado de la fuerza atribuible a los órganos de seguridad, es un fenómeno que se ha ido profundizando en Venezuela. El Ministerio Público ha reconocido que la mayoría de los responsables de estas acciones son miembros activos de organismos de seguridad que tienen una gran experiencia en detenciones y levantamiento de pruebas, lo que ha dificultado la identificación clara de los responsables.
Por la magnitud de las actuaciones de los grupos parapoliciales en el país, diversos organismos del Estado han reconocido progresivamente la problemática, aunque lamentablemente esto no se ha traducido en una reducción significativa de la brecha de impunidad que ha prevalecido en estos casos.
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