La frontera boliviano-peruana se reabrió completamente este lunes tras el levantamiento de la huelga que desde mayo pasado mantenían en la zona indígenas aymaras, quienes finalizaron su protesta luego de que el Gobierno de Perú se comprometiera a atender el 70 por ciento de sus demandas, en su mayoría reclamos ambientales.
Indígenas aymaras peruanos exigían, entre otras cosas, la derogatoria del Decreto Supremo 083, que otorgaba concesión minera a la empresa Santa Ana, además solicitaban la anulación de todas las concesiones a empresas extractivas en el sur del departamento de Puno (sureste).
El líder aymara Walter Aduviri dio cuenta de las medidas gubernamentales que atienden los reclamos nativos y consultó y obtuvo la aprobación de los asistentes al levantamiento de la huelga general.
Aduviri señaló que el 30 por ciento de las demandas aymaras por solucionar deberán ser resueltas en el gobierno del presidente electo, Ollanta Humala.
Refirió que el decreto 083 quedó sin efecto y se hizo ajustes a la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero está pendiente la cancelación de todas las concesiones en esta parte de la región.
“Energía y Minas debe pasarnos una copia fedateada de los actuados sobre las 600 concesiones que existen en el sur de Puno para evaluar el procedimiento que siguieron. Esto está pendiente y el próximo gobierno de Ollanta Humala tiene la tarea de solucionar el problema”, afirmó el dirigente indígena.
También dijo que las comunidades aymaras movilizadas para exigir reivindicaciones entrarán en un cuarto intermedio, y a partir del 30 de julio darán una tregua de un mes a Humala para que atienda lo que aún queda por resolver.
El paro y el bloqueo fueron precisamente interrumpidos para dar paso a la elección presidencial ganada el pasado 5 de junio del nacionalista Ollanta Humala, quien obtuvo más de 70 por ciento de los votos en la región de Puno.
Humala llamó la semana pasada al gobierno saliente de Álan García, tras una visita a Bolivia, a solucionar en forma pacífica de los conflictos sociales y a no dejarle la herencia de un "campo minado".
El presidente electo manifestó preocupación por los daños económicos de la crisis, en especial para el comercio exterior boliviano, por el bloqueo fronterizo.
La solución fue alcanzada con la aceptación de las exigencias aimaras que el gobierno se había negado a atender a lo largo del conflicto.
El Ejecutivo accedió a anular por irregularidades una concesión minera a una empresa canadiense, estableció una moratoria de concesiones y condicionó las operaciones extractivas a consultas con las comunidades.
El Gobierno también emitió el pasado domingo un decreto que declara prioritaria la descontaminación del río Ramis por sustancias tóxicas usadas por la minería informal.
Atendió así una demanda de una década de la provincia quechua de Azángaro, en el norte de Puno, tras graves disturbios que el viernes últimos dejaron seis muertos baleados por la policía.
Los uniformados abrieron fuego cuando miles de manifestantes de Azángaro penetraron en el aeropuerto de la ciudad puneña de Juliaca, a mil 286 kilómetros al sureste de Lima, la capital peruana.
Ese mismo día Humala emplazó al presidente saliente a impedir que siga el derramamiento de sangre y llamó a las partes a solucionar la crisis mediante el diálogo.
En medio de críticas que atribuyen al gobierno haber dejado agravarse los conflictos de Puno, García atribuyó la violencia y las protestas a supuestos intereses políticos que presionan a Humala por espacios de poder.
La vicepresidenta electa de Perú, Marisol Espinoza, rechazó la afirmación y los "juegos perversos" de García y señaló que las protestas están dirigidas contra su administración, mientras dos diarios lo acusaron de "lavarse las manos" al eludir su responsabilidad en las muertes.
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