El Frente Nacional de Abogados condenó de la “manera más enérgica esta intervención armada” al Internado Judicial Rodeo I y II y lamentó profundamente “el número aún desconocido pero aparentemente significativo de muertos y heridos que dicha intervención armada ha causado”.
A través de un comunicado de prensa, la institución destacó que en Venezuela existe una crisis carcelaria que implica “la corrupción y desprofesionalización de las fuerzas policiales y de orden público dependientes de los Ministerios del Interior y de Justicia y de la Defensa, la abierta politización y sometimiento del sistema judicial al poder ejecutivo, así como la falta de recursos y la desidia en el mantenimiento y construcción de la infraestructura carcelaria”.
Destacan que el “problema carcelario, por lo tanto, no se ha resuelto con el traslado de los internos del Rodeo I y II a otros centros penitenciarios del país que también sufren claramente de una situación de hacinamiento; los traslados con violencia de una cárcel a otra no constituyen medida correctiva alguna, ni siquiera un paliativo de corta duración”.
El Frente Nacional de Abogados considera además que es indispensable:
- Respetar las medidas cautelares de protecciones a la vida y a la integridad personal de los internos del Rodeo I y El Rodeo II, así como las de sus familiares, dictadas por la CIDH a solicitud del Foro Penal Venezolano, el 21 de Junio de 2011.
- Adoptar inmediatamente las medidas provisionales requeridas para diversos centros penitenciarios venezolanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el cumplimiento de los estándares internacionales de no repetición contenidos en su sentencia del caso "Retén de Catia".
- Nombrar, por la Asamblea Nacional, una comisión independiente que investigue los hechos ocurridos en el Rodeo I y II y de establecer las responsabilidades que correspondan, tanto por parte del Ministerio de Interior y de Justicia, como del Ministerio de la Defensa y de los organismos de seguridad involucrados.
- Despolitizar, depurar y profesionalizar a la Guardia Nacional, el CICPC, la Policía Nacional y todo el sistema judicial.
- Nombrar, por la Asamblea Nacional y por consenso, un nuevo Fiscal General de la República y un nuevo Defensor del Pueblo de credenciales éticas y profesionales intachables.
