El Ministerio Público acusó a dos trabajadores de la Misión Vivienda Venezuela y un comerciante sirio por su presunta participación en la sustracción y comercialización de 700 cabillas, hecho ocurrido el 08 de septiembre de 2011, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas.Los fiscales 2° y su auxiliar de esa jurisdicción, Evelis Muñoz y Jorge Luis Urdaneta, respectivamente, acusaron a Alex Baena (30) y a Antonio Payúa (51), por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir, falsificación de timbres o sellos, comercialización ilícita de materiales estratégicos y aprovechamiento de actos falsos. Adicionalmente, Payúa fue imputado por peculado doloso.
Asimismo, al comerciante de nacionalidad siria, Jeorge Habib Segur (61), se le acusó por incurrir en comercialización ilícita de material estratégico, aprovechamiento de acto falso, falsificación de timbres y sellos y asociación para delinquir en grado de coautor.
Tales delitos están previstos y sancionados en el Código Penal, Ley Contra la Corrupción y Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
En el escrito presentado en el Tribunal 3° de Control del estado Amazonas, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de las tres personas, quienes se encuentran privadas de libertad en el Centro de Detención Judicial Amazonas.
El día antes citado, Gustavo Espinoza, coordinador estadal de la Unidad de Transformación Integral del Hábitat en Amazonas, se encontraba en las inmediaciones del almacén cuando observó salir un camión de plataforma cargado con 350 cabillas; situación que le pareció extraña por cuanto no tenían pendiente ninguna entrega significativa para los consejos comunales.
De inmediato, se comunicó por teléfono con los almacenes donde uno de los trabajadores le informó que existía un acta de salida de 700 cabillas, firmada y sellada por él destinada al consejo comunal Santa Rosa del Orinoco.
En virtud de que no recordaba el caso, el coordinador estadal se trasladó hasta los depósitos y al revisar la documentación se percató que habían falsificado su firma y los sellos eran escaneados.
Seguidamente, Espinoza denunció el caso ante funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes iniciaron la investigación, detectando uno de los camiones aparcado en una estación de servicios.
Al acercarse al camión, el conductor manifestó a los funcionarios que fue contratado por Baena para el traslado del material, pero que los podía llevar hasta la residencia del contratante y hasta la construcción donde habían depositado las cabillas.
Al llegar al lugar, los efectivos castrenses notificaron de la situación al hijo de Habib y procedieron a retener el material. Horas más tarde, los tres hombres fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público.
