Por cuarta vez, familiares y abogados de los denominados presos políticos como los comisarios y exfuncionarios de la Policía Metropolitana detenidos y condenados por los hechos del 11A, entregaron en el despacho de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, un documento donde solicita que se remita al tribunal de la causa las evaluaciones psicosociales que llegaron a sus manos hace 4 meses.
Explican que es el único requisito que falta para que le otorguen las medidas alternativas para el cumplimiento de la pena a los condenados por los hechos del 11A, tal y como lo establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal.
"Tenemos constancia de los oficios que se enviaron en diciembre con los exámenes y luego en febrero (...) A raíz de las denuncias del exmagistrado Aponte ya sabemos que necesitan una llamada telefonica para que les puedan otorgar las fórmulas alternativas", pese a esto señalaron que esperan respuesta este mismo lunes.
