El gobierno conservador español, metido de lleno en reducir el déficit, adoptará este viernes un plan de austeridad que afecta a los muy sensibles sectores de la sanidad y la educación, con el fin de economizar 10.000 millones de euros suplementarios por año.
La principal medida de la reforma sanitaria, que busca economizar 7.000 millones, será sin duda la más impopular: los jubilados, en adelante, deberán pagar sus medicamentos.
Un anuncio que contradice la promesa electoral del presidente del gobierno, Mariano Rajoy (qua asumió el cargo en diciembre), de mantener el poder adquisitivo de los jubilados a pesar de la crisis.
"Se trata de pedir un esfuerzo, que son unos pocos euros al mes para algunas personas. Es necesario, imprescindible, porque no hay dinero para atender el pago de los servicios públicos", dijo Rajoy el jueves en una conferencia de prensa en Colombia, donde realiza una visita oficial.
"Pido a los españoles que entiendan estas medidas, porque son justas y razonables. Es duro pedirlo (...) pero les aseguro que en el medio y largo plazo España va a salir fortalecida", resaltó Rajoy, del Partido Popular (PP, derecha).
La ministra de Sanidad, Ana Mato, alegó que "España es el segundo consumidor mundial de medicamentos" y recordó el año pasado en el país se destruyó 3.700 toneladas de medicamentos, caducados o sin utilizar.
Tradicionalmente, los españoles no pagan sus visitas al médico y desembolsan sólo una parte del precio de los medicamentos, salvo los jubilados, que no pagan nada.
Estos últimos, que representan los tres cuartos del gasto farmaceútico nacional (11.000 millones de euros, 1,1% del PIB), deberán pagar el 10% de la factura en las farmacias, hasta un techo de 8 a 18 euros por mes, según sus ingresos.
Los activos, que hasta ahora pagaban el 40% del precio de los medicamentos, pagarán hasta un 60%, según su situación financiera.
En materia de educación, el gobierno espera recuperar 3.000 millones de euros, autorizando a las comunidades autónomas a aumentar los gastos de matriculación en la universidad en un 50%, que pasarán de 1.000 a 1.500 euros de media, y a incrementar en un 20% el número de estudiantes por clase.
Las 17 comunidades autónomas son las primeras afectadas por este plan de economías, ya que absorben el 50% del gasto público de España.
Las tres cuartas partes de sus presupuestos son para sanidad, educación y ayuda a personas dependientes.
Estos últimos meses, varias de ellas tuvieron dificultades para pagar a sus proveedores, provocando el malestar de los farmaceúticos y soportando cortes de calefacción o electricidad en escuelas e institutos.
Tocando a sectores tan sensibles, arreciaron las críticas contra el gobierno, especialmente por parte del Partido Socialista (PSOE), que declaró su "frontal rechazo" a este nuevo plan de austeridad.
El plan representa "un cambio de modelo del sistema nacional de salud que deteriorará progresivamente el sistema y que busca desmantelar el sistema sanitario público", condenó Trinidad Jiménez, encargada del tema sanitario en el PSOE.
"El Gobierno prepara el terreno de una sanidad para ricos y otra para pobres", puntó la asociación de consumidores Facua.
En cuanto a las medidas referidas a la educación, "ningún país ha superado nunca una crisis económica recortando la igualdad de oportunidades de sus jóvenes en educación", advirtió el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Las dos reformas buscan que las regiones economicen 10.000 millones de euros anuales a partir de 2013. Según una fuente gubernamental, "ayuda también a compartir costes políticos entre el Estado y las comunidades autónomas".
Dado que las comunidades, que ya aplicaron medidas de austeridad en los últimos meses, debieron enfrentarse todas a grandes manifestaciones populares.
Vigiladas de cerca por el gobierno, las regiones deben presentar antes de mayo un plan de saneamiento presupuestario para llevar su déficit público del 2,94% del PIB en 2011 a 1,5% en 2012.
Bajo la velada amenaza de que en caso de que se aparten de la hoja de ruta establecida, sus presupuestos podrían ser intervenidos por el Estado central.
España, uno de los países de la Eurozona más golpeados por la crisis, enfrenta una profunda recesión y tiene casi un cuarto de la población activa sin empleo.
El Gobierno de Rajoy ya había anunciado el presupuesto más austero de la historia de España, para ahorrar 27.300 millones de euros, y se propone recortar el déficit presupuestario en más de tres puntos en un plazo de doce meses, del 8,51% al 5,3% del PIB.
AFP
