Durante del mes de abril de 2013, lapso que coincide con la coyuntura electoral en Venezuela, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, organización no gubernamental encargada de la promoción y defensa de la libertad de prensa en el país, ha evidenciado un uso desproporcionado del poder estatal contra el trabajo de la prensa plural e independiente.
En este marco de conflictividad y polarización social, también, ha habido hostilidad de actores de diversos sectores político-partidistas, hacia periodistas y medios de comunicación.
Desde el inicio de la campaña electoral hasta la semana posterior al proceso comicial, se contabilizaron 48 casos de ataques contra la libertad de expresión e información, para un total de 84 violaciones.
Predominaron las obstrucciones hacia el trabajo periodísticas por el uso abusivo del poder estatal, principalmente por los cuerpos de seguridad del estado, funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), y autoridades ejecutivas. También, se evidenciaron limitaciones para la cobertura de asuntos públicos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, ataques a las sedes de los medios de comunicación, ataques cibernéticos, acciones de intimidación y persecución, procedimientos administrativos y judiciales, y medidas de censura.
Estos incidentes son contrarios a las garantías, en materia de libertad de expresión e información establecidas en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.
En este lapso, IPYS Venezuela reportó 77 víctimas, en su mayoría equipos reporteriles de medios privados, estatales, y comunitarios. También, se vieron afectados 15 medios privados, 3 medios públicos y comunitarios, 2 organizaciones no gubernamentales, y 3 instituciones del Estado.
La ciudad con mayor registro fue Caracas, capital del país, donde se reportaron 11 casos; seguida por el estado Lara (6); Barinas (4); Zulia (4); Táchira (4); Aragua (3); Mérida (2); Bolívar (2); Monagas (2); Carabobo (2); Cojedes (2); Falcón (1); Portuguesa (1); Miranda (1); Anzoátegui (1). Más tres ataques registrados en Internet. La mayoría de incidentes registrados coincidieron con las actividades y conflictos reportados en las calles en varias ciudades del país durante la coyuntura electoral.
IPYS Venezuela expresa su preocupación por la agudización de los ataques contra la prensa en el país, debido a que quienes desarrollan el ejercicio periodístico en Venezuela se encuentran en una situación alta vulnerabilidad.
Los 48 casos reportados durante el contexto electoral, representan el 43% del total de los incidentes que se han registrado durante 2013, debido a que de enero a abril se han sumando 115 casos, según el monitoreo permanente en el área de libertad de prensa de IPYS Venezuela. A su vez, hemos visto un aumento excesivo de la hostilidad contra la prensa al comparar esta última cifra con los 200 casos reportados en 2012.
Presiones gubernamentales
Esta situación ha sido alimentada por un discurso, sostenido, de confrontación y agresividad de parte de las autoridades venezolanas, lo cual no contribuye a la conciliación nacional y a la sostenibilidad pacífica de las acciones tanto de las instituciones públicas como de la sociedad civil. Así lo demuestran las declaraciones públicas reiterativas de autoridades del gobierno nacional, quienes han afianzado mensajes de odio y de criminalización hacia la labor de la prensa libre, plural e independiente. También, ha habido una utilización desproporcionada de los recursos de los medios estatales para mantener este clima de conflictividad contra la prensa.
Detenciones arbitrarias
En esta coyuntura preocupan las acciones que denotan un uso abusivo del poder estatal contra los periodistas. Así lo evidencian las detenciones arbitrarias contra reporteros que realizan su labor en las calles, que se han registrado en el contexto postelectoral, el cual ha estado marco por altos niveles de conflictividad social.
Uno de los casos reportados por IPYS Venezuela, fue la detención arbitraria de Juan José Farías, reportero; Eduardo Méndez, reportero gráfico; y Yolman Bejarano, chofer; equipo reporteril de La Verdad, periódico privado regional con sede en Maracaibo, estado Zulia.
Agresiones físicas
Desde el 14 de abril de 2013, en acciones de calles y en la cobertura de protestas ciudadanas en rechazo al veredicto electoral resultaron heridos 8 periodistas y fotógrafos de medios privados, estatales y comunitarios quienes, además, recibieron insultos y descalificaciones por parte de cuerpos de seguridad del Estado y simpatizantes político partidistas.
Labor de la prensa en riesgo
Este panorama se enmarca en una coyuntura de conflictividad sociopolítica que se ha acentuado en durante 2013, registrando una agudización en el mes de abril, por razones electorales. Además, IPYS Venezuela ha registrado un incremento sustantivos de casos en lo que va de año, en comparación a 2012. De enero a abril de 2013, IPYS Venezuela ha contabilizado 115 casos de violaciones a la libertad de expresión en el país, lo cual representa 57% del total de incidentes registrados durante 2012 (año que record de agresiones a la prensa, según los datos históricos de 2002 a 2012).
Durante los 10 procesos electorales que se realizaron en Venezuela el país desde 2004 a 2012, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, ONG reportó 824 incidentes sobre violaciones a este derecho. Del Referéndum Revocatorio Presidencial (2004) a las Elecciones Presidenciales (2012) las obstrucciones a la prensa han mostrado una radicalización, en su mayoría bajo la responsabilidad del Estado, siendo los equipos reporteriles los más afectados.
Hubo un incremento de más del 400% entre los casos de 2004 -cuando ocurrieron 44 incidentes de violaciones la actividad periodística- y 2012 -año en el que el número ascendió a 200 incidentes.
Obligación del Estado IPYS Venezuela hace un llamado al Estado venezolano a garantizar las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de la libertad de expresión e información en el país, sin que existan amenazas, ataques ni acciones de censura.
También, exhortamos a las autoridades públicas a proteger la integridad física y la seguridad personal de los trabajadores de la prensa, activistas de derechos humanos, y ciudadanos que difunden informaciones y emiten opiniones por distintos medios de comunicación. Asimismo, es urgente que se desarrollen las investigaciones necesarias para sanciones los incidentes registrados en el contexto electoral.
NOTA DE PRENSA
