El juez estadounidense Thomas Griesa, que falló a favor de los fondos de inversión que demandaron a Argentina en EE.UU. para cobra la deuda en mora desde 2001, calificó este jueves de "inválida e ilegal" la última propuesta anunciada desde Buenos Aires para destrabar los pagos.
El juez Griesa, en una audiencia sobre el caso llevada a cabo en los tribunales de Nueva York, dijo además que la propuesta, contenida en un proyecto de ley que ya fue remitido por el Gobierno el Parlamento argentino, viola las órdenes dadas por la Justicia estadounidense.
No obstante, descartó una petición de uno de los fondos demandantes para que el Estado argentino fuera declarado en desacato, porque consideró que antes debe pronunciarse el Parlamento argentino sobre ese proyecto de ley.
El Gobierno de Cristina Fernández quiere pagar en Argentina los vencimientos de los bonos que fueron reestructurados en 2005 y 2010.
De esa manera, evitaría que el dinero que gira a EE.UU. para pagar a los bonistas quede bloqueado en los bancos como ha ocurrido, por recomendación de Griesa, con parte del enviado para abonar una cuota que vencía el 30 de junio.
Griesa considera que Argentina debe pagar a la vez a los tenedores de deuda reestructurada y a los fondos demandantes y que en último caso, estos últimos tienen prioridad por no haber cobrado nunca la deuda que quedo en mora desde el cese de pagos de 2001.
El, fallo de Griesa, ratificado por la Corte Suprena de EE.UU., ordena a Argentina pagar a los demandantes unos 1.500 millones de dólares, cantidad que incluye los intereses desde 2001.
La propuesta anunciada el pasado martes por el Gobierno de Cristina Kirchner quiere precisamente canalizar el pago a sus acreedores desde Argentina, para así esquivar las disposiciones judiciales de Estados Unidos y poder cumplir con sus compromisos.
En la audiencia de este jueves sobre el caso, Griesa, que habló por más de una hora, se mostró "consternado" por el hecho de que el Gobierno argentino no haya contactado con los fondos a los que se enfrenta en Nueva York antes de haber anunciado su propuesta del martes.
Un representante de la firma NML, uno de los fondos demandantes, "fondos buitres", según el Gobierno argentino, se quejó en el tribunal de que ellos mismos se enteraron de la propuesta cuando Argentina la dio a conocer los medios de comunicación.
Griesa insistió en que todo lo relacionado con los bonos argentinos, reestructurados o no, está bajo la jurisdicción del tribunal de Nueva York que lleva el caso.
En su intervención, Griesa afirmó que la única vía para cerrar este litigio era llegar a un acuerdo entre las partes y pidió a Argentina olvidarse de "actividades ilegales".
"A lo mejor la República (Argentina) no quiere un acuerdo, pero si sigue así se encontrará siempre con la oposición de este tribunal", agregó el magistrado.
El juez estadounidense había encargado previamente a un abogado especialista, Daniel Pollack, que mediara entre las partes, pero no ha habido ningún acuerdo en las distintas rondas de negociaciones que se han llevado a cabo en esta ciudad.
El juez Griesa, en una audiencia sobre el caso llevada a cabo en los tribunales de Nueva York, dijo además que la propuesta, contenida en un proyecto de ley que ya fue remitido por el Gobierno el Parlamento argentino, viola las órdenes dadas por la Justicia estadounidense.
No obstante, descartó una petición de uno de los fondos demandantes para que el Estado argentino fuera declarado en desacato, porque consideró que antes debe pronunciarse el Parlamento argentino sobre ese proyecto de ley.
El Gobierno de Cristina Fernández quiere pagar en Argentina los vencimientos de los bonos que fueron reestructurados en 2005 y 2010.
De esa manera, evitaría que el dinero que gira a EE.UU. para pagar a los bonistas quede bloqueado en los bancos como ha ocurrido, por recomendación de Griesa, con parte del enviado para abonar una cuota que vencía el 30 de junio.
Griesa considera que Argentina debe pagar a la vez a los tenedores de deuda reestructurada y a los fondos demandantes y que en último caso, estos últimos tienen prioridad por no haber cobrado nunca la deuda que quedo en mora desde el cese de pagos de 2001.
El, fallo de Griesa, ratificado por la Corte Suprena de EE.UU., ordena a Argentina pagar a los demandantes unos 1.500 millones de dólares, cantidad que incluye los intereses desde 2001.
La propuesta anunciada el pasado martes por el Gobierno de Cristina Kirchner quiere precisamente canalizar el pago a sus acreedores desde Argentina, para así esquivar las disposiciones judiciales de Estados Unidos y poder cumplir con sus compromisos.
En la audiencia de este jueves sobre el caso, Griesa, que habló por más de una hora, se mostró "consternado" por el hecho de que el Gobierno argentino no haya contactado con los fondos a los que se enfrenta en Nueva York antes de haber anunciado su propuesta del martes.
Un representante de la firma NML, uno de los fondos demandantes, "fondos buitres", según el Gobierno argentino, se quejó en el tribunal de que ellos mismos se enteraron de la propuesta cuando Argentina la dio a conocer los medios de comunicación.
Griesa insistió en que todo lo relacionado con los bonos argentinos, reestructurados o no, está bajo la jurisdicción del tribunal de Nueva York que lleva el caso.
En su intervención, Griesa afirmó que la única vía para cerrar este litigio era llegar a un acuerdo entre las partes y pidió a Argentina olvidarse de "actividades ilegales".
"A lo mejor la República (Argentina) no quiere un acuerdo, pero si sigue así se encontrará siempre con la oposición de este tribunal", agregó el magistrado.
El juez estadounidense había encargado previamente a un abogado especialista, Daniel Pollack, que mediara entre las partes, pero no ha habido ningún acuerdo en las distintas rondas de negociaciones que se han llevado a cabo en esta ciudad.
EFE
