Una marcha que recorrió este miércoles las calles de la ciudad mexicana de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes hace 26 días, concluyó con la quema del Ayuntamiento y saqueos dentro del edificio. Mientras los manifestantes rompían con palos los vidrios del consistorio, el animador de la marcha pedía disculpas: “No venimos a alterar la paz social”. Un cartel con la imagen de la esposa del alcalde ardía en la plaza, hombres con el rostro cubierto seguían destrozando las ventanas y el discurso, pese a todo, continuaba.
“Lo sentimos, pero esto que le están haciendo los compañeros al Ayuntamiento no es nada en comparación con lo que les ocurrió a nuestros hijos. A uno lo desollaron y lo tiraron en la carretera como a un animal, estuvieron horas sin que nadie los recogiera, 43 estudiantes siguen desaparecidos”. El fuego comenzó poco después de la una de la tarde, cuando una avanzadilla de manifestantes se adentró en las dependencias municipales después de recorrer unos tres kilómetros en relativa calma. Varias explosiones en el interior del palacio asustaron enseguida a los vecinos, que habían salido a la calle de forma masiva para apoyar la marcha.
“¡Apártense, no vaya a reventar el tanque de gas!”, avisaba un hombre en la plaza. “¡Todos al interior de la capilla, para atrás, para atrás!”, gritaban algunos. El humo negro que salía por las puertas y ventanas del edificio cubrió parte del zócalo. La gente huía de la escena. Dentro se consumía todo.
Tras unos minutos de enorme tensión, la ciudad de Iguala, de 130.000 habitantes, volvió a respirar y las calles se abrieron a la circulación de nuevo. En el interior del palacio municipal, todavía en llamas, varios lugareños cargaban ventiladores y máquinas expendedoras de agua. "¿No les da vergüenza?", gritaban los vecinos fuera. Una unidad de bomberos que acudió a apagar el fuego fue recibida a patadas y tuvo que retirarse. "Lo que hizo la policía municipal con esos jóvenes estuvo mal, pero esto también. ¿Por qué tnemos que pagarlo nosotros?", comentaba un hombre indgnado. Pasaron más de dos horas hasta que los operarios pudieron entrar al inmueble.
Poco después de las diez de la mañana padres de estudiantes desaparecidos, colectivos sociales y alumnado de distintos puntos del país se reunían frente al mercado de abastos del municipio, situado en la salida de la ciudad hacia Taxco. Dos supuestos agentes federales infiltrados fueron retenidos en el transcurso de la marcha. A ambos les pidieron la identificación y los obligaron a caminar descalzos en primera fila, escoltados por varios jóvenes encapuchados.“Nunca antes vimos tantas personas juntas”, decía una mujer al asomar la cabeza por la puerta de su academia minutos antes del ataque en la plaza. “Hoy tenemos cerrado por si acaso. Estos días el pueblo ha estado tranquilo, pero hay temor porquesabemos que tienen fama de guerrilleros”, murmurab un señor a su lado. Las rejas de casi todos los comercios estaban echadas este miércoles. En la calle había rabia, dolor, solidaridad, pero ninguna autoridad presente.
El alcalde municipal y su esposa se encuentran prófugos. Su suplente todavía no ha tomado posesión del cargo. La Policía Federal no llegó hasta horas después de que los ciudadanos destrozaran el Ayuntamiento. De la Gendarmería, que ha tomado el control en lugar de los agentes municipales, ni rastro. Iguala es ahora una ciudad sin ley. Todo comenzó la noche del 26 de septiembre, donde después de un enfrentamiento con la policía municipal, 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa —un centro de estudios para maestros rurales— desaparecieron. Otras seis personas fallecieron ese día en los choques: tres alumnos, un ama de casa, un chófer y un futbolista del equipo local Avispones.
El caso se ha vuelto un desafío para el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que se ha esforzado por mostrar al mundo la imagen de un México reformista, moderno. La falta de respuestas a casi un mes del suceso pone contra las cuerdas al Ejecutivo. “Venimos a pedir responsabilidades, al presidente, por su política de terror y miedo, que ha permitido al narco asentarse en el país; al gobernador Aguirre por sus omisiones en el caso; y al alcalde José Luis Abarca, por su participación y por estar coludido con el crimen organizado”, gritaban los manifestantes.
Las primeras investigaciones indican que los 43 jóvenes fueron entregados por la policía municipal al cartel local, Guerreros Unidos. Menos de una semana después del suceso fueron halladas varias fosas con restos de 28 cuerpos quemados, pero las autoridades descartaron que se tratase de los normalistas desaparecidos. Los vecinos se muestran escépticos hasta que un equipo de forenses independiente tenga los resultados, pero aseguran que las tierras del municipio están sembradas de cadáveres.
"¡Qué salimos en la tele!” exclamaba una mujer con una niña en brazos al ver la avalancha de periodistas desfilando por la calle principal. Después, el ruido de cristales, los explosivos, mucho humo. Todo el folclor quedó fuera de plano.
EL PAIS
