El gobernador de Georgia, Nathan Deal, firmó hoy la ley HB87, una medida antiinmigrante similar a la SB1070 de Arizona, en medio de protestas de organizaciones civiles y de la comunidad hispana en Estados Unidos.
La medida permite a las autoridades locales indagar el estatus migratorio de una persona y penaliza a quienes alberguen o transporten a indocumentados, cláusula que ha generado preocupación entre congregaciones religiosas y organizaciones civiles que atienden a esta comunidad.
Asimismo, la ley exigiría a las empresas con más de 10 trabajadores que utilicen el sistema de verificación federal de datos E-Verify para revisar el estatus migratorio de quienes contraten.
Tras su promulgación, el gobernador declaró que se trataba de "un momento histórico para Georgia" e indicó que la ley es una respuesta a la falta de acción del Gobierno federal con respecto a la inmigración.
Mientras el gobernador firmaba la legislación acompañado del autor de la ley, el republicano Matt Ramsey, afuera un grupo de manifestantes protestaba contra la acción de Deal.
"Hoy, viernes 13 de mayo, pasará a la historia como un día muy oscuro para Georgia", declaró Jerry González, director ejecutivo de Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO).
"Estamos profundamente indignados y preocupados de que el gobernador haya decidido firmar HB87 porque va a causar graves daños a Georgia hoy y en nuestro futuro", indicó el activista.
Otras organizaciones civiles también condenaron hoy la promulgación de la ley que entrará en vigor el 1 de julio y a la que califican como una "copia" de la SB1070 de Arizona.
"Es sin duda otro insulto a nuestra comunidad, pero también es muestra de la fanfarronería politiquera del gobernador y de las mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado de Georgia", señaló Adelina Nicholls, de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos (GLAHR).
La organización instó a la comunidad a no "dejarse llevar por el pánico frente a esta ley" y advirtió que la combatirán en "todos los frentes", incluido el plano legal.
Por su parte, Azadeh N. Shahshahani de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció el aumento de la práctica de perfil racial antes de la implementación de la medida.
La propuesta recibió luz verde en la Legislatura estatal en marzo en el último día de sesiones luego de intensos debates y la fuerte oposición de organizaciones que luchan a favor los inmigrantes, así como de varias industrias que se verán afectadas como la agricultura y el turismo.
La industria agrícola, el principal motor económico del estado con ingresos por cerca de 68 mil millones de dólares al año y que emplea entre un 50 y 70 por ciento de jornaleros indocumentados, ha sido uno de los mayores detractores de la medida.
Asimismo, varias organizaciones nacionales han convocado a un boicot económico y han designado el 1 de julio como el "Día sin Inmigrantes" en Georgia.
El sector del turismo, que genera en Georgia cerca de 34.000 millones de dólares y emplea a cerca de 250.000 personas en el estado es uno de los sectores que podría verse más afectado por un boicot, según activistas.
EFE
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