El Gobierno español aprobó hoy un decreto ley sobre medidas urgentes para reparar los daños causados por el terremoto que sacudió el miércoles la ciudad de Lorca (sudeste), que dejó nueve muertos y más de 300 heridos.
Con estas medidas se pretende, según el vicepresidente primero del Gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, "salir al paso" de una catástrofe que afecta a familias, comerciantes y empresarios.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Rubalcaba precisó que el decreto ley va dirigido a las familias que han perdido a sus seres queridos, a los ciudadanos que han perdido su vivienda y a los comerciantes y empresarios que han visto su vida profesional "profundamente alterada".
El terremoto también provocó daños en edificios e infraestructuras de titularidad pública, en bienes del patrimonio cultural y en numerosas viviendas.
El vicepresidente español explicó que el Ministerio de Cultura ha enviado a Lorca a un director cultural y a un experto del Patrimonio que ha informado de "daños cuantiosos" en la ciudad, y con esta información el Gobierno ha introducido en el decreto un epígrafe para firmar un convenio con la Comunidad de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca para avanzar en la rehabilitación.
Las medidas se concretan en ayudas a particulares en los casos de fallecimiento y de incapacidad absoluta y permanente.
Se concederán 18.000 euros (unos 25.000 dólares) al cónyuge de la persona fallecida o persona con análoga relación de afectividad, a los hijos menores de edad, así como a los hijos mayores de edad que dependan económicamente de la persona que perdió la vida, según el contenido del decreto.
Se concederá la misma cantidad en el supuesto de incapacidad absoluta y permanente, siendo el beneficiario de la ayuda la persona declarada en dicha situación.
El decreto ley también incluye la creación de una Comisión Mixta, compuesta por representantes de la Administración General del Estado, de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Lorca, para lograr una mayor rapidez y agilidad en la concesión de las ayudas a los particulares.
EFE
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