Prensa TSJ) – La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en ponencia de su vicepresidente, magistrado Héctor Coronado Flores, declaró procedente solicitar al Gobierno de los Estados Unidos de América la extradición de Gilberto Jesús Imery González de nacionalidad venezolana.
En la misma decisión la Sala del TSJ asume el firme compromiso que al ciudadano se le seguirá juicio penal por la comisión de los delitos de aprovechamiento de fondos públicos y estafa, previstos en los artículos 74 de la Ley Contra la Corrupción y 462 del Código Penal, respectivamente, con las debidas garantías constitucionales, procesales-penales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
A la vez que se ordena la remisión de copias certificadas de la decisión al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.
Entre estas incidencias del caso, el juzgado undécimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 28 de febrero de 2012decretó privativa judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Gilberto Jesús Imery González, librando la orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento de fondos públicos y estafa.
En vista de que el Ministerio Público había ordenado entre otras diligencias, la práctica de una experticia contable, la cual fue realizada por expertos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes concluyeron que el ciudadano recibió por concepto de anticipos por parte de Inces, la cantidad de Bs. 3.088.990,83 y en lugar de utilizarlos para el cumplimiento del contrato para la construcción de Casas Zamoranas, se desvió el dinero, se realizaron operaciones cambiarias presuntamente fraudulentas e hicieron transferencias en dólares en su cuenta particular.
La Sala determinó que es procedente solicitar al Gobierno de los Estados Unidos de América, la extradición activa del ciudadano venezolano Gilberto Jesús Imery González puesto que hay razones suficientes de hecho y de Derecho para su enjuiciamiento en territorio venezolano por los delitos señalados.
