AVN).- El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Carreño, presentó este miércoles el informe final de investigación sobre el manejo de recursos públicos en la Gobernación del estado Lara.
Al respecto, la comisión decidió declarar responsabilidad política a Henri Falcón, gobernador de Lara, por su responsabilidad en la ejecución de 3 millones de bolívares destinados a financiar la rehabilitación de la sede de Niños Cantores Televisión, que en la actualidad se encuentra en estado “penoso”, refirió Carreño, al dar lectura del informe.
En ese lugar debía instalarse un área de formación audiovisual y la sede administrativa de la Universidad Bolivariana de Venezuela, lo cual, al no ejecutarse, impidió el ingreso de 27 mil estudiantes, explicó Carreño.
La investigación partió de varias denuncias sobre ejecución presupuestaria en la rehabilitación de la sede de Niños Cantores Televisión, irregularidades en cédulas catastrales de posesión, irregularidades en transferencias de recursos en el área de salud, evasión de impuestos y ventas de terrenos.
Sobre estos casos se hizo una investigación de dos años y medio, en la cual se efectuaron cuatro visitas al estado Lara, más de 17 comparecencias y 35 comunicaciones remitidas a la Gobernación y entes centralizados y descentralizados con competencia en la administración de fondos públicos.
La administración de Falcón también causó daños a los trabajadores regionales de salud, por mal manejo de fondos que dificultaron el pago de emolumentos.
Igualmente, se informó que la Gobernación de Lara no pagó impuestos, ni nacionales ni regionales, por la realización del espectáculo público Top Festival Lara 2009.
“Hasta la fecha ni ante la Contraloría, ni el Seniat se ha presentado la rendición”, precisó el presidente de la Comisión de Contraloría.
El informe será discutido en la proxima sesión de la Comisión y, de ser aprobado, será debatido en la plenaria de la Asamblea Nacional.
Si se aprueba, deberá ser reemitido a la Fiscalía General de la República para que establezca si existen méritos suficientes para un juicio.
