La UE quiere acelerar en la próxima cumbre la aplicación de las medidas contra el paro juvenil. Y pretende reactivar el crédito en la periferia a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). España será uno de los grandes beneficiarios de esas dos propuestas, especialmente del programa que pretende movilizar 6.000 millones de euros para políticas que combatan el paro de los menores de 25 años.
Esos 6.000 millones podrían multiplicarse hasta por 10 gracias a la ingeniería financiera del BEI, la institución que tiene que ayudar al Sur a salir del pozo, pero que paradójicamente no ha hecho gran cosa durante la crisis por el miedo a perder la máxima calificación de solvencia, según las cada vez más feroces críticas de la Comisión Europea. Pero que nadie espere un cheque en blanco: ese dinero para el desempleo joven llevará aparejado condiciones. “Esa es ya la tónica general en Bruselas: no hay dinero sin compromisos, sin un examen exhaustivo de los resultados”, explican fuentes europeas.
Werner Hoyer, presidente del BEI, era meridianamente claro hace unos días sobre el potencial de esas propuestas: “Seamos honestos: no hay un gran plan”. España en solitario gasta en un año 30.000 millones en prestaciones por desempleo, por ejemplo, frente a esos 6.000 millones que en teoría son para siete años, pero que las instituciones europeas quieren poder gastar mucho antes, entre 2014 y 2015. Junto con las cifras que muestran que a falta de más dinero fresco esas políticas son una raya en el agua, la letra pequeña puede ser determinante: fuentes europeas advierten de que el Gobierno español deberá exhibir mejoras en el sistema educativo y sobre todo en las políticas activas de empleo, uno de los aspectos más criticados en Bruselas respecto a la gestión de la crisis laboral en España.
Fuentes comunitarias señalan que Bruselas controlará que el dinero se invierte en el propósito al que están destinadas —reducir las tasas intolerables del paro juvenil—, al tiempo que vigila el cumplimiento de las recomendaciones que la Comisión hizo públicas a finales del mes pasado. Entre ellas, se incluía la necesidad de modernizar los servicios públicos de empleo, reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente.
El Gobierno de Rajoy debe convencer a los socios de que esta vez va a activar las reformas necesarias para asegurarse de que el dinero se usa de forma eficiente. “Los Gobiernos siempre quieren recibir fondos sin ninguna condición. Esta vez no va a ser así”, avisan fuentes europeas.
A pesar de que las tasas de paro son cada vez más preocupantes y de que los dirigentes se llenan la boca sobre los riesgos relacionados con una generación perdida, el plan puede naufragar en cualquier momento. Porque requiere, por una parte, que todos los países se pongan de acuerdo en acelerar al máximo unos plazos que normalmente podrían dilatarse hasta bien entrado 2015. “Es muy difícil técnicamente; nunca se ha hecho”, admiten las fuentes consultadas. Y porque al menos una parte de la Comisión no esconde sus críticas: “No se reinventa la rueda cada seis meses”, explicó la semana pasada el vicepresidente Olli Rehn.
Parte del dinero irá destinado a la garantía de empleo juvenil, el proyecto que trata de conseguir que no pasen más de cuatro meses desde que un joven se queda en el paro hasta que encuentre otro empleo o comience una formación destinada a insertarse en el mercado laboral. Un objetivo que ahora mismo parece ciencia ficción para los 960.400 parados españoles de menos de 25 años.
Ni siquiera hay acuerdo aún sobre las cifras: la idea es que solo haya dinero para los países con peores datos. Con esos parámetros, los beneficiarios están claros: Grecia y España rondan el 60% de paro juvenil, e Italia y Portugal el 40%. Las fuentes consultadas consideran que a España le corresponden en torno a 1.600 millones en total. Los cálculos en Madrid son algo más optimistas: algo menos de 2.000 millones.
Al hilo de esa negociación, las cifras finales podrían variar. La propuesta franco-alemana, por ejemplo, apuesta porque el dinero llegue directamente a las empresas a través del BEI, sin pasar por sindicatos o patronales. España, por su parte, pelea para que Bruselas no obligue a canalizar al menos un 25% del dinero a través del Fondo Social Europeo: el Gobierno considera que eso detraería recursos de otros fondos como el Feder, que contribuyen a crear empleo en sectores tan vitales como la I+D, las pymes o las energías renovables.El Consejo Europeo aprobó a principios de año, en el marco de los presupuestos para la UE de 2014 a 2020 —que aún no han sido aprobados— esa partida de 6.000 millones. La Comisión ya reconoció entonces que se trata de unos recursos bastante limitados, pese a la fanfarria con la que Berlín y París han presentado un plan —el new deal para Europa— para que se conviertan en 60.000 millones gracias al BEI.
Parte del dinero ya está asignado: los 3.000 millones del Fondo Social Europeo, de los que España recibe en torno a 1.000 millones. El otro tramo, también de 3.000 millones, es el dinero que la Comisión quiere destinar a la garantía de empleo juvenil. España recibirá de 600 a 900 millones, según las fuentes consultadas, aunque los criterios de reparto están aún por discutir: cómo se definen las regiones beneficiarias, los techos de desempleo juvenil o los límites de edad, que algunos países quieren situar en 30 años.
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