Una juez y diplomática argentina, Silvia Fernández de Gurmendi, 61 años, presidirá el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, hasta 2018. De Gurmendi, que ya era magistrada del organismo, fue elegida este miércoles por sus 18 pares. El TPI, al que no se han adherido EE UU, Rusia, China, India, Israel, Cuba ni Irak, ha abierto procesos por crímenes de lesa humanidad y genocidio en Congo, Uganda, República Centroafricana, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí. Mantiene también en fase preliminar casos sobre Afganistán, Colombia, Nigeria, Guinea, Honduras, Irak, Ucrania, Georgia y Palestina.
De Gurmendi, que sucederá en el cargo al surcoreano Song Sang-Hyun, estudió Derecho en las universidades de Córdoba, Argentina, y Limoges, Francia, y se doctoró en la de Buenos Aires. Profesora visitante en el American University Washington College of Law, fue diplomática de su país y llegó a ocupar el cargo de directora general de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como tal, defendió a Argentina ante tribunales internacionales. En 2003, fue nombrada asesora principal del jurista argentino que entonces fue designado fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo. En 2010, fue elegida juez del tribunal que ahora presidirá.
“Haré lo posible para estar a la altura de la confianza que mis compañeros han depositado en mí”, declaró De Gurmendi en un comunicado del TPI. Y prometió trabajar por “el bien de la justicia, la paz y el imperio de la ley”. La secundarán dos mujeres como vicepresidentas: Joyce Aluoch, de Kenia, y Kuniko Ozaki, de Japón. Es la primera vez que tres juezas lideran el tribunal.
El TPI nació en 2002 y hasta ahora solo ha condenado a dos guerrilleros de Congo, Germain Katanga, exlíder de la Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri, y Thomas Lubanga, exjefe del partido y milicia Unión de Patriotas Congoleños. Ha dictado siete absoluciones, en cuatro casos de Kenia, dos de Congo y otro de Sudán. Tres de los acusados, incluido el exlíder libio Muammar Gaddafi (1969-2011), fallecieron durante el proceso.
Honduras y Colombia son en la actualidad los únicos dos países latinoamericanos con juicios preliminares abiertos. En el caso colombiano se investigan presuntos crímenes de las guerrillasFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de los paramilitares, tales como asesinatos, secuestros, desplazamientos forzosos, torturas, desapariciones, violaciones y reclutamiento de niños. El TPI también investiga delitos de lesa humanidad de las fuerzas públicas de Colombia, como homicidos y ataques a civiles, tormentos, violaciones, crímenes de guerra, desapariciones y los llamados falsos positivos, civiles asesinados que los militares hacían pasar por supuestos guerrilleros sobre todo durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
En el caso de Honduras, el tribunal investiga los delitos cometidos durante el golpe de Estado de 2009 del dictador Roberto Micheletti (2009-2010) contra el presidente Manuel Zelaya (2006-2009). La fiscalía del TPI afirma que se cometieron asesinatos, detenciones y privación de libertad, tortura, violencia sexual y deportaciones
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