El Grupo Hinterlaces respalda la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir un registro con aquellas empresas e instituciones, públicas y privadas, particulares, universidades y demás institutos académicos que pretendan publicar encuestas, sondeos o estudios de opinión sobre las preferencias electorales.
El Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece además la obligatoriedad de presentar la ficha técnica y la metodología utilizada en los estudos sobre intención de voto, cuando sean publicados en los medios de comunicación.
Esta decisión debe contribuir a que los ciudadanos reciban estudios rigurosos, confiables y científicos sobre el comportamiento electoral del venezolano.
Cada vez más el ciudadano venezolano está involucrado en el debate público, y en particular en el político y electoral. Los venezolanos se informan, participan y opinan cotidianamente sobre la agenda de temas nacionales en variados espacios.
En este sentido, las encuestas se han convertido en fuentes de información indispensables, no sólo para quienes son líderes sociales, políticos o empresariales, y deben tomar decisiones con inteligencia, sino también para el ciudadano común que busca reducir la incertidumbre.
La regulación no debería significar ningún tipo de censura al desempeño de las encuestadoras o impedir que la ciudadanía tenga acceso a los resultados de estudios de opinión pública.
Esperamos que este registro evite la aparición interesada de encuestadoras de maletín o fantasmas, sin trayectoria ni reputación, que manipulan resultados con la finalidad de confundir a la opinión pública así como ocultar el ineficiente desempeño de determinados actores políticos.
De la misma manera, el Grupo Hinterlaces aspira a que este registro impida las campañas de descalificación y descrédito programadas contra las encuestadoras,dirigidas por voceros partidistas con presencia en medios de comunicación, solo porque sus resultados no favorecen al candidato a quien le prestan sus servicios.
Finalmente, Hinterlaces espera que estas nuevas disposiciones del CNE no limiten el derecho de las empresas de investigación a informar sobre el resultado de sus estudios de opinión pública, elaborados de manera científica y objetiva sobre la verdadera intención de voto de los electores, cuando los medios de comunicación social así lo soliciten, ni tampoco obstaculicen el derecho de los venezolanos a elegir libremente las fuentes de información de su confianza.
