Los candidatos a la presidencia en Venezuela deben priorizar la protección y promoción de los derechos humanos en sus planes de gobierno, dijo Amnistía Internacional en una carta abierta publicada este miércoles. La carta incluye una serie de recomendaciones en relación a las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos, ante la cercanía de las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
"Hemos visto avances de derechos humanos en Venezuela, en particular en materia de derechos económicos y sociales para los sectores más vulnerables. Sin embargo, todavía existen grandes desafíos en el país,” dijo Guadalupe Marengo, Directora Adjunta para las Americas de Amnistía Internacional. Añadió: “La reciente renuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el consecuente retiro de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es lamentable y una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a quienes se les ha retirado la posibilidad de esta importante instancia de protección jurídica internacional”.
En particular, la organización ha instando a los candidatos y las candidatas a comprometerse a:
- Enfrentar la crisis de la seguridad ciudadana, concretando una política de control de armas, municiones , investigando las numerosas denuncias de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, y estableciendo un programa de atención a familiares de víctimas y sobrevivientes de la violencia.
- Cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, retirando la denuncia a la Convención Americana para continuar garantizando a las víctimas de violaciones de derechos humanos la posibilidad de acceder a la instancia más alta de justicia del continente americano; extendiendo una invitación abierta a todos los Relatores Especiales del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, y ratificando instrumentos internacionales como la Convención contra la Tortura y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
- Garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y asegurando el acceso a la justicia para todos y todas, sin discriminación.
- Declarar públicamente su respeto por el derecho a la libertad de expresión, asociación y de reunión, garantizando que se pueda difundir información e ideas sin el temor de represalias.
- Afirmar su compromiso en garantizar que todos los defensores y todas las defensoras de derechos humanos puedan desarrollar su labor sin obstáculos.
- Garantizar los derechos humanos de la población recluida en centros de detención – incluyendo mediante la celeridad judicial, el mejoramiento de las condiciones de detención y la prevención de enfrentamientos.
- Proponer medidas concretas para implementar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, garantizando el acceso de las víctimas a la justicia.
