Era el negocio del siglo. El acuerdo más lucrativo de venta de gas jamás firmado por Egipto. Ese país se comprometía a suministrar a Israel, a través de una tubería, 1.700 millones de metros cúbicos de gas por cada uno de los 15 años que duraba el contrato. A cambio, El Cairo recibiría 1.700 millones de euros. La explotación fue encargada a la compañía Egyptian Eastern Mediterranean Gas, cuyo propietario mayoritario (al 65%) era el empresario egipcio Hussein Salem, amigo personal y asesor del expresidente Hosni Mubarak, detenido por corrupción, malversación de fondos y enriquecimiento ilícito tras dejar el poder el 11 de febrero forzado por la revueltas. Por entonces, hacía ya ocho días que Salem había abandonado el país.
Ayer, los jueces de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Pablo Ruz impusieron a Salem una fianza de 27 millones de euros -una de las más altas de la historia de España-, que deberá pagar si no quiere asistir desde prisión a la investigación de los delitos que se le imputan. Egipto lo reclama por estafa al vender gas a Israel y otros países a un precio inferior al de mercado. El beneficio obtenido, según fuentes de la investigación, lo enviaba a España, donde trataba de blanquearlo mediante inversiones inmobiliarias. Hasta que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la policía española lo detuvo el miércoles y la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo denunció.
Salem responde por dos causas distintas en la Audiencia. La primera es genuinamente española y la dirige el juez Pablo Ruz, por blanqueo de capitales. En su auto, por el que ayer decretó su prisión eludible con fianza de 12 millones de euros, Ruz explica cómo Hussein Salem y su hijo Jaled recibieron en los últimos meses en sus cuentas bancarias unos 17 millones de euros. El dinero era enviado desde Albania por el empresario turco Ali Evsen (muy vinculado a la familia Salem y también detenido en España), que le daba apariencia de préstamo.
Ruz, sin embargo, cree que proviene directamente de sus negocios ilegales. "Existen indicios suficientes que indican que tales fondos proceden de la ilícita actividad desarrollada en Egipto y por la que se sigue procedimiento penal por estafa en ese país", mantiene el juez. "A través de los citados contratos de préstamo se estaría encubriendo (...) el trasvase a la familia Salem de fondos de presunta procedencia ilícita". Por eso Ruz impuso a Evsen, el presunto testaferro, una finaza de 18 millones y otra de seis millones al hijo de Salem, el receptor de los fondos que aquel enviaba.
El segundo procedimiento que se sigue contra Hussein Salem se debe a la orden internacional de detención dictada por Egipto por la estafa del gas. En su declaración de ayer ante el juez Eloy Velasco, Salem rechazó ser extraditado a su país de origen. El empresario mantuvo ante el magistrado que esa orden de arresto se debía únicamente a motivos políticos relacionados con la caída de Mubarak, y alegó que no puede ser entregado a las autoridades de El Cairo porque tiene nacionalidad española y ha renunciado a la egipcia. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguraron que este último dato dificulta que sea devuelto a su país.
En total, el saldo de las cuentas de Salem y su entorno asciende a 32,5 millones de euros, que fueron embargados ayer mismo por el juez Velasco. También posee dos inmuebles en la urbanización madrileña de lujo La Moraleja -donde fue detenido-, valorados en más de siete millones de euros, y otras siete propiedades en Marbella de más de tres millones, que gracias a la orden del juez no podrá, por el momento, vender.
Salem declaró ayer ante ambos jueces en un estado de salud muy precario. Fuentes del tribunal aseguraron que sufre una cardiopatía de carácter grave que obligó a los forenses de la Audiencia Nacional a controlar su estado en todo momento. Terminadas sus declaraciones, de vuelta en los calabozos del tribunal, el asesor de Mubarak sufrió un déficit neurológico. Y el juez Velasco ordenó su ingreso en el hospital Gregorio Marañón
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