El Comité contra la Tortura de la ONU expresó su alarma por las violaciones generalizadas de los derechos humanos en Siria y la total impunidad de la que gozan sus autores, así como por las denuncias de torturas y mutilaciones de niños detenidos por las fuerzas del orden.
El presidente de ese comité, el chileno Claudio Grossman, afirmó que el grupo que él encabeza "ha recibido consistentes y numerosas informaciones sobre extendidas violaciones" en Siria, donde manifestaciones pacíficas contra el régimen han dado lugar a una brutal represión armada que ya dura cerca de nueve meses.
Recalcó que en las denuncias recibidas se observa un patrón de abusos, entre los que figuran la tortura de detenidos, ataques sistemáticos contra la población civil, el asesinato de manifestantes pacíficos y el uso excesivo de la fuerza contra ellos, así como la persecución de activistas.
"Nos causan particular preocupación las informaciones sobre niños que han sufrido torturas y mutilaciones mientras han estado detenidos", indicó el jurista, quien fue dos veces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Recordó que uno de los aspectos más perturbadores del caso de Siria es que los abusos denunciados se estarían produciendo bajo "las órdenes directas de autoridades públicas, bajo su instigación o, en todo caso, con su consentimiento y conocimiento".
Por la gravedad de la situación, Grossman dijo que el comité ha solicitado oficialmente a Siria que responda a estas denuncian y provea información al respecto a más tardar en marzo del próximo año.
El caso de Siria será tratado de manera especial en la próxima sesión del comité en mayo.
Preguntado sobre la posibilidad de que para ese entonces el régimen sirio de Bachar al Asad haya caído y las autoridades sean otras, Grossman explicó que, como país que ha ratificado la Convención de la ONU contra la Tortura, la información debe ser proporcionada por las autoridades que estén en funciones.
Siria ratificó la referida convención, pero con reservas, como la que establece que no tiene la obligación de aceptar las visitas de los expertos de la ONU en derechos humanos, razón por la cual los miembros del comité no pueden planear por el momento visitar el país.
EFE
