La que hoy comienza será una semana crítica para la economía y el Gobierno griegos. El miércoles, con el ambiente caldeado desde la víspera por una huelga general de 48 horas y las movilizaciones de los indignados, el Parlamento votará el nuevo plan de ajuste para 2012-2015; el jueves, un paquete de medidas fiscales adicionales, que entrarán en vigor inmediatamente, sobre la declaración de la renta de 2010. La mayoría absoluta de que goza el Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok, en el Gobierno) en la Cámara solo garantiza, en el mejor de los casos, la aprobación por la mínima, pues a medida que pasan las horas nuevas deserciones en sus filas arrojan más incertidumbre sobre el resultado final de las votaciones: dos nuevos diputados socialistas anunciaron este fin de semana que se opondrán, y un tercero podría sumárseles en breve, lo que dejaría al Pasok con 153 (o 152) diputados de un total de 300.
El programa de ajuste para los próximos cuatro años -el segundo que el Gobierno griego presenta desde mayo de 2010- prevé ingresos fiscales por 28.400 millones de euros, y otros 50.000 millones más por la privatización de empresas del Estado y el drástico recorte del funcionariado, con la desaparición de alrededor de 150.000 empleos de los 700.000 existentes.
Además de las regulaciones de plantilla en el caso de las empresas que sean privatizadas, el resto corresponderá a la desaparición del puesto de trabajo por jubilaciones o extinción de contrataciones temporales; de cada diez funcionarios que perderán su empleo, solo uno será sustituido este año (uno de cada cinco, entre 2012 y 2015). La prevista privatización en 2012 de DEI, la eléctrica estatal, ha desencadenado esta semana una serie de paros salvajes que aún continúan.
Con respecto a las medidas fiscales, los griegos pagarán este año 2.300 millones más en impuestos (en 2012 el mazazo será mayor, con un incremento de 3.380 millones). Las principales modificaciones acordadas el viernes por el Gobierno son el aumento del impuesto especial del gasóleo para calefacción, la equiparación de esta tasa con la del gasóleo de locomoción para las empresas; la imposición de un "impuesto solidario", proporcional según tramo de ingresos, de entre el 1% y el 5%, y la reducción del mínimo exento de 12.000 a 8.000 euros. También aumentará el IVA en restaurantes y bares, del 13% al 23%.
En una nueva muestra del desconcierto en que parece estar sumido el Gobierno, el ministro de Finanzas, Evánguelos Venizelos, ha dado marcha atrás en una de las medidas fiscales que más sorpresa causaron al ser aprobada en 2010: la presentación de facturas para desgravar, en un intento inédito de poner coto a la evasión fiscal. Ahora, Venizelos ha debido, por la presión de su partido, posponer el tope de 300 euros de devolución por contribuyente, que figuraba en el proyecto inicial del nuevo programa de austeridad.
Si el plan de ajuste no pasa el trámite parlamentario, y el quinto tramo (12.000 millones de ayuda) del rescate acordado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en mayo de 2010 no se materializa, Grecia dará un paso decidido hacia la quiebra. Por eso Venizelos, que el jueves se vio obligado por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) a modificar al alza las nuevas recetas fiscales, se ha pasado todo el fin de semana convenciendo a sus diputados "uno por uno".
"Las medidas que ha adoptado el Gobierno son severas y en muchos sentidos injustas, pero creo que al final se impondrá la responsabilidad", dijo el sábado al canal de televisión Alter. El titular de Justicia, Miltiadis Papaioanu, se sumó a los esfuerzos de su colega e instó a los diputados a aprobar a pies juntillas los planes: "[Los parlamentarios del Pasok] deben hacer oídos sordos a todas las críticas que oyen y cumplir con su obligación", aseguró en declaraciones a la cadena televisiva Mega. Como coadyuvante, sonó también la voz de alarma de Yorgos Probópulos, gobernador del Banco de Grecia: "No tenemos más tiempo. A Grecia se le han acabado todos los plazos", dijo en declaraciones al diario conservador Kathimeriní.
Pero los rebeldes del Pasok lo tienen muy claro. "Están cerrando tiendas un día tras otro, ¿y pretenden que encima votemos más medidas anticrecimiento?", argumentó Tomás Robópulos, diputado por Salónica, uno de los pocos empresarios que se sientan en la Cámara. Ninguno de los parlamentarios que se han descolgado a última hora del Pasok devolverá su acta, por lo que no podrán ser sustituidos por suplentes.
El partido que se juega esta semana enfrenta pues a dos jugadores muy desiguales: el Gobierno (y el debilitado Pasok) frente al resto de Grecia, es decir, la ciudadanía, la opinión pública, los sindicatos y el movimiento de los indignados, que goza del "apoyo moral" del 67,9% de los griegos, según la encuesta del departamento de Estadística de la Facultad de Economía de la Universidad de Atenas, hecha pública el viernes. La oposición también ha reiterado su oposición en bloque a las nuevas medidas de austeridad, aunque queda una puerta entreabierta, la de Alianza Democrática (5 diputados), el pequeño partido de Dora Bakoyanis escindido en 2009 de Nueva Democracia (centro-derecha, principal fuerza de la oposición). Cinco hipotéticos votos que podrían ser una pequeña propina para el Gobierno, pero que no resolverán ninguno de sus males.
