Prensa MP).- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que, paralelo a la revisión de la permanencia de Venezuela en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se debe crear un Consejo Latinoamericano que agrupe a países de la región y que verdaderamente vele por los derechos.
La propuesta fue realizada este jueves en el programa En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, durante el cual añadió que es saludable revisar la situación del país ante ese organismo.
Dijo que desde el Ministerio Público (MP) ha venido insistiendo en la necesidad de analizar la vigencia de esos organismos, al tiempo que se debe crear otra instancia que sustituya a las actuales.
Ortega Díaz explicó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte, y que tiene la función de proteger los derechos humanos en América. Este sistema surge a partir de la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, también llamado Pacto de San José, el cual fue ratificado por 25 países, entre estos Venezuela.
Resaltó que Estados Unidos no ha ratificado dicha Convención, pero la comisión funciona en Washington y dicho país tiene una representante en la misma.
Puntualizó que uno de los fundamentos de ese sistema es promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, además de la seguridad y la paz. Entonces consideró que es oportuno preguntarse si está garantizada la seguridad y paz de las naciones cuando la principal potencia militar, protagonista de las principales guerras en el planeta, no puede ser juzgada por los hechos que comete, acotó.
En su opinión el sistema interamericano no se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad y la paz, porque el país que promueve la guerra no está dispuesto a someterse a las normas que promueve la CIDH. Sin embargo, constituye un factor determinante para depurar si a un Estado se le demanda o no.
Recordó que la CIDH desde su primer informe en 1970 hasta 1983 nunca se pronunció respecto a Venezuela, cuando en el lapso 1958-1998 se registraron innumerables violaciones de los derechos humanos por parte de quienes gobernaban el país, época en la que existían cámaras de tortura.
Destacó que desde 1999 esa comisión sí está interesada en Venezuela en una persecución sistemática, cuando actualmente existe un Estado garantista, de respeto y promoción de los derechos humanos, cuando hay una política de defensa de dichos derechos.
Asimismo, en octubre de 1982 ocurrió la masacre de Cantaura, y además estaba vigente en el país la Ley de Vagos y Maleantes, entre otros hechos en los que muchos venezolanos murieron a manos de funcionarios de organismos del Estado y, sin embargo, la CIDH no tuvo ningún pronunciamiento.
La Fiscal General dijo que en abril de 2002, cuando ocurrió el golpe de Estado, la comisión no se pronunció. Fue el 14 de abril cuando se manifestó, luego de restituida la legalidad y el Estado.
Asimismo, Ortega Díaz hizo mención a los hechos ocurridos el 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, conocidos como el Caracazo. Fue en el año 1995 cuando un grupo de víctimas acudió a la CIDH, y en 1999 el Estado venezolano fue demandado. Sin embargo, el Estado admitió que hubo violaciones y la Corte condenó al país en relación con las víctimas que acudieron a esa instancia internacional.
Pero, Venezuela asumió el mismo trato para todas las víctimas, es decir la indemnización fue válida para todas.
Expresó que el MP profundizó en la investigación de este hecho y las acusaciones presentadas se han realizado durante la actual gestión.
Se debe impulsar la nueva Lottt
Durante el programa de radio, la Fiscal General dijo que la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras tiene un profundo contenido social y recoge el sentimiento de los trabajadores. Al tiempo que hizo un llamado a los venezolanos a impulsarla y fortalecerla, sobre todo a quienes deben aplicarla.
Añadió que se organizarán jornadas en el MP para conocer más la ley, el carácter social de ese instrumento legal, las reivindicaciones y los derechos que son reconocidos.
Al ser consultada sobre la extensión del permiso postnatal dijo que ahora la madre cuenta con 20 semanas. Adicionalmente, la inamovilidad es por dos años y es válido tanto para la madre como para el padre. Consideró que la protección se extiende para consolidar y fortalecer la estabilidad familiar, por cuanto la familia es determinante para el futuro.
Manifestó que a través de la historia los trabajadores han conquistado reivindicaciones mediante luchas que en ocasiones les ha costado la vida. Ahora se cuenta con una ley sin necesidad de haber tenido un conflicto, y se rescatan y se adquieren otros derechos.
Indicó que en el MP se trabaja en la prevención. La criminalidad debe ser abordada desde la prevención para evitar la comisión de hechos punibles y la sanción. Dijo que se deben adoptar medidas de prevención y en esto la familia es determinante.
