Estados Unidos (EE.UU.) "torturó", bajo el Gobierno de George W. Bush, a opositores del líder libio, Muamar el Gadafi, y los transfirió a su custodia, denunció un informe divulgado hoy por la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).
El informe de 154 páginas, titulado "Entregados a manos enemigas: cómo EE.UU. lideró el abuso y entrega de opositores a la Libia de Gadafi", describe lo ocurrido a 14 opositores de Gadafi justo cuando éste iniciaba una etapa de "acercamiento" con las autoridades de EE.UU. y el Reino Unido.
"Hay mucho que desconocemos de lo que pasó en las cárceles clandestinas de la CIA, y este informe revela que muchos de los abusos cometidos fueron más allá de lo que Estados Unidos había autorizado", dijo a Efe Laura Pitter, asesora de asuntos antiterroristas de HRW y autora del informe.
"Aunque la tortura de estos opositores ocurrió durante el mandato de Bush, el asunto podría formar parte del legado del presidente Barack Obama si su Administración no investiga los abusos y errores cometidos, y envía un claro mensaje de que eso no ocurrirá más", advirtió la experta en una entrevista telefónica.
El informe fue elaborado con base en entrevistas que Pitter realizó a 14 opositores de Gadafi ahora en libertad, y documentos hallados por azar el 3 de septiembre de 2011 -algunos nunca antes publicados- en las oficinas del exjefe de inteligencia libio Musa Kusa cuando los insurgentes capturaron Trípoli.
Poco después de los atentados de 2001, EE.UU., con la ayuda de otros Gobiernos, arrestó y mantuvo bajo su custodia, sin cargos formales, a varios miembros del Grupo de Combate Islámico Libio (LIFG, en inglés) en el exterior y luego los entregó al Gobierno de Gadafi.
De los 14 detenidos, 10 fueron entregados en el primer año de ese "acercamiento" de Gadafi con Occidente, según Pitter.
Los documentos incluyen un intercambio de comunicaciones sobre los detenidos entre los servicios de inteligencia de EE.UU., el Reino Unido y Libia, y establecen que varios pertenecían al LIFG, que durante 20 años intentó derrocar a Gadafi.
El LIFG estuvo en la mira de la CIA desde los atentados del 11-S, en parte porque Gadafi había argumentado que éste tenía vínculos con Al Qaeda.
Muchos miembros del LIFG se sumaron en 2011 a las fuerzas rebeldes contra Gadafi, apoyadas por la OTAN, y algunos de los presuntos torturados y entregados a Libia ahora ostentan "cargos de liderazgo y política clave" en ese país, indicó HRW.
Cinco de los exmiembros del LIFG denunciaron que fueron sometidos a "graves abusos", incluyendo el uso de la "asfixia simulada", en dos cárceles de EE.UU. en Afganistán, probablemente operadas por la CIA.
Los ahora exdetenidos también reportaron que fueron encadenados a paredes, algunas veces desnudos o solo en pañales, en celdas completamente oscuras y sin ventanas durante "semanas o meses"; colgados de las manos, o golpeados y tirados con fuerza contra la pared, y sometidos a un encierro durante casi cinco meses y sin poder bañarse.
Además fueron obligados a mantenerse en posiciones muy dolorosas durante largos períodos, en condiciones de hacinamiento y privados del sueño mediante el uso de "música occidental a alto volumen".
Jalid al-Sharif, detenido en una de las dos cárceles presuntamente operadas por la CIA en Afganistán, afirmó que fue sometido a interrogatorios durante tres meses, "cada día con un tipo de tortura diferente".
Al-Sharif es ahora titular de la Guardia Nacional Libia y encargado de la seguridad en cárceles que albergan a detenidos de "alto valor" para el Gobierno libio, indicó HRW.
Estas denuncias no habían sido propiamente documentadas antes porque la mayoría de los que fueron devueltos a Libia permanecieron en prisión allí hasta 2011, cuando fueron puestos en libertad a raíz del conflicto civil.
HRW se quejó de que EE.UU. "no ha tenido la voluntad de divulgar los detalles de las instalaciones secretas de la CIA" y que "pese a las abrumadoras pruebas de los numerosos y sistemáticos abusos de los detenidos bajo custodia estadounidense desde los atentados del 11-S, EE.UU. aún no ha exigido cuentas de ningún funcionario de alto rango y sólo unos cuantos militares de bajo rango han sido castigados".
"La falta de rendición de cuentas probablemente no signifique mucho acá, pero es algo muy importante y con profundas repercusiones en el mundo árabe, de donde provenía la mayoría de los detenidos. Si no se hace algo para investigar y exigir cuentas a los responsables, eso mina la credibilidad de EE.UU. en materia de derechos humanos", enfatizó Pitter.
"La tendencia es no hurgar, no mirar hacia atrás, pero creo que en algún momento Estados Unidos tendrá que hacerlo, tendrá que exigir cuentas porque este asunto no va a desaparecer", puntualizó.
EFE
