El periodista colombiano Mario Esteban López salvó su vida tras ser secuestrado por dos hombres que le rociaron casi diez litros de gasolina, pero que no pudieron prenderle fuego porque las cerillas que tenían se les habían mojado con el mismo combustible. "Forcejeo con ellos, la caja de cerillas cae al piso del carro y queda completamente mojada (...). Cuando quieren encender una se dan cuenta que no pueden", relató hoy López a Efe, telefónicamente. López es el director del Canal 22 de televisión en Ipiales, en el sur de Colombia, con alcance en una amplia zona del departamento de Nariño, al que pertenece ese municipio, y algunas localidades de Carchi, en el norte de Ecuador. El mismo periodista atribuyó el ataque a personas cercanas a redes de expendedores de drogas del municipio y al mismo alcalde Gustavo Estupiñán Calvache, quien hace poco lo amenazó. El ataque contra el periodista, de 28 años, se registró el pasado miércoles por la noche cuando se dirigía a su casa y fue abordado por dos desconocidos que lo obligaron dirigirse a las afueras de Ipiales. Tras ser insultado, recibir golpes y tratar de ser atado, al cabo de dos horas de ser retenido los desconocidos empezaron a rociar el combustible y López empezó a forcejear con ellos. La providencial presencia en la zona descampada de una patrulla de la policía puso en fuga a los agresores. El jueves, "organizamos las denuncias respectivas ante la Fiscalía y ante la Policía", dijo también el periodista, que lamenta no disponer aún de protección alguna. "La policía solo me entregó un manual de autoseguridad", reveló López a Efe. El periodista agredido vive con sus padres y dos hermanas menores en Ipiales. La familia "vive nerviosa por todo esto", admitió López, quien agradeció a organizaciones periodísticas como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), ante las que denunció su drama. López atribuyó el intento de homicidio a las múltiples denuncias que hace a través de un informativo por su canal, replicadas en dos programas de opinión, sobre la presencia de redes de expendedores de droga en Ipiales. "Me hicieron dos amenazas hace unos dos meses con llamadas telefónicas por reportajes sobre expendios de drogas, al parecer por un grupo armado de estos expendedores", precisó López. También cree que las amenazas provienen de algunos funcionarios locales a los que ha denunciado por presuntos casos de corrupción. Asimismo, denunció que el propio alcalde de Ipiales, Estupiñán Calvache, le amenazó "de manera directa" hace algunas semanas cuando grabó para su informativo un lote de motocicletas que "dijo haber donado" a la Policía, pero que el periodista descubrió que habían sido entregadas en comodato. "¿Qué es lo que quiere? ¿Detrás de qué está?", le preguntó el alcalde hace pocos días a López, a lo que el periodista respondió: "tras una noticia". Estupiñán Calvache entonces increpó 'en tono amenazante': "si así vamos, mejor ¡cuídese!". Eduardo Márquez, presidente de Fecolper, lamentó hoy a Efe la situación de López y condenó el intento de asesinato. El presidente de esa federación solicitó "protección urgente" para López, e instó al inicio de una investigación seria a la que sea vinculado el alcalde Estupiñán"

La mayoría oficialista del Congreso boliviano aprobó este viernes a una polémica ley que otorga legalidad a alrededor de 100.000 vehículos ingresados de contrabando al país, norma que el presidente Evo Morales se apresta a promulgar a pesar de la fuerte oposición ciudadana.

Se trata de "una ley que habilita 15 días desde el momento en que el presidente (Morales) la promulgue para que las personas que han comprado un auto 'chuto' (de contrabando) se registren", explicó Alvaro García, presidente del Congreso boliviano y vicepresidente del país.

Los vehículos que no sean legalizados en un plazo adicional de 90 días -después de los 15 días de amnistía- "pasarán a propiedad del Estado", advirtió García.

El poderoso gremio de los choferes anunció para los póximos días cortes de rutas en todo el país en rechazo a la ley, según anunció el ejecutivo de la Confederación de Choferes, Franklin Durán.

"Se ha resuelto que las federaciones organicen los bloqueos de caminos", en contra de la norma que legaliza autos de contrabando, dijo el hace dos días Durán, tras una reunión de emergencia de ese gremio.

Los vehículos ingresados de contrabando están mayoritariamente concentrados en las zonas cocaleras de los Yungas y el Chapare, región cuyo líder sindical es el presidente Morales y donde circulan masivamente estos autos sin placas.

Según cálculos extraoficiales, la legalización de los vehículos de contrabando generará al Estado ingresos de hasta 200 millones de dólares que "definitivamente van a ayudar a curar las heridas que el déficit fiscal va a dejar", opinó Daniel Sánchez, presidente del gremio empresario.

Durán dijo además que "se habla de la subvención de 1.000 millones de dólares (anualmente a los combustibles, para evitar el alza del pasaje); si se aumenta el parque automotor en 100.000 vehículos más (con la legalización), estaríamos hablando de 150 millones de dólares más" de subvención.

Los choferes y los sindicatos lograron con una masiva huelga que Morales retirara a fines del año pasado un impopular aumento en el precio de las gasolinas de hasta 82%, cuyo fin era suspender la subvención al combustible.