La Contralora General de la República (E), Adelina Gonzáles, informó que hasta la fecha, 51% de los convocados han realizado ya este trámite vía Internet
El plazo para la Actualización Anual de Declaración Jurada de Patrimonio para altos funcionarios culmina este 31 de julio, sin opción a prórroga, y quienes no la cumplan, serán pasibles a sanciones por parte de la Controlaría General de la República.
Así lo afirmó este jueves la Encargada de ese cargo, Adelina Gonzáles, durante su participación en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión.
La contralora encargada recordó que así lo establece la normativa legal bajo la Resolución N° 01-00-057 de fecha 26 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.148 del 27 de marzo del mismo año.
Señaló que “el método que estamos utilizando es totalmente pedagógico y permite realizar el proceso de una manera rápida. Ha sido diseñado por los trabajadores de la institución, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte)”.
Deben declarar los funcionarios que ocupen cargos de: Gobernador, Secretarios de Gobierno y Directores del tren ejecutivo, Legisladores del Consejo Legislativo, Procurador del estado y directores generales, Juez Rector, Presidente del Circuito Judicial penal del estado, Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), Defensor del Pueblo y Director Ejecutivo de la Defensoría del Pueblo.
También los Alcaldes y directores, Concejales, Contralor del estado, Contralores municipales y directores generales, así como Síndicos Procuradores Municipales, Rectores, Vicerrectores y Secretarios de Universidades Públicas, Registradores y Notarios, junta directiva de institutos autónomos, corporaciones y fundaciones del estado.
La citada resolución también establece la obligación de presentar anualmente la DJP actualizada de los funcionarios de elección popular, máximas autoridades jerárquicas y niveles directivos o gerenciales, así como los establecidos de alto nivel, conforme con el instrumento sublegal interno de cada institución.
En este sentido, la contralora Adelina González aclaró que los funcionarios que ocupen dichos cargos y hayan presentado declaración por ingreso o por algún otro movimiento que tuvieron en la institución o ascenso hace menos de 6 meses no están obligados a actualizar.
“Lo que queremos hacer con los altos funcionarios es una tarea pedagógica, así como lo hace el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat), que cada año lanza la campaña para la declaración de impuestos. Nosotros también queremos que suceda con el tema de la declaración jurada de patrimonio para que los altos funcionarios creen la cultura de actualizar sus datos anualmente”, dijo.
Desde la página web de la Contraloría, se puede imprimir una copia de los datos suministrados y el certificado que puede ser presentado a la dirección de recursos humanos de la institución a la que pertenece el funcionario declarante.
González reiteró un llamado a los funcionarios públicos a actualizar sus datos y evitar sanciones.
“El interés es que todos demos cumplimiento al requisito, ya que el sistema es totalmente confiable y así evitar sanciones”, concluyó.
