La UE acumula propuestas sin una solución clara
Los líderes europeos de los 17 países del euro afrontan hoy, con una gran dosis de indecisión, la cumbre que debe encontrar soluciones rápidas y eficientes para salvar la moneda única. La cuestión de fondo está en encontrar una fórmula para que la banca contribuya a un necesario segundo rescate de Grecia sin que ello implique una suspensión de pagos selectiva. La situación se ha ido pudriendo por la falta de soluciones durante tres meses de infructuosas negociaciones hasta llegar a un punto que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, calificó ayer de "muy grave".
"Los beneficios del euro", dijo el presidente del Ejecutivo comunitario, "superan ampliamente el esfuerzo que se exige a los distintos Estados que están negociando". "No nos lo podemos tomar a la ligera o de lo contrario la historia juzgará a esta generación de líderes con dureza", advirtió.
El punto de partida es que Grecia carece de recursos suficientes para sus necesidades financieras hasta 2014, que ascienden a unos 110.000 millones, a pesar de haber recibido ya hace más de un año una primera ayuda por esta cuantía. Por ello, vuelve a necesitar apoyo de sus socios europeos. Para participar en este segundo rescate, la canciller alemana, Angela Merkel, ha exigido que esta vez los bancos contribuyan también. Hay otros tres países que apoyan claramente a Alemania: Holanda, Finlandia y Austria.
En cambio, el Banco Central Europeo (BCE) se opone radicalmente a la implicación de los bancos porque las fórmulas barajadas, basadas en una refinanciación de la deuda a medida que vaya venciendo, equivalen a una suspensión de pagos parcial. Eso sembraría la desconfianza en otros países del euro con dificultades.
Jürgen Stark, economista jefe del BCE, volvió ayer a reiterar la oposición de la entidad a toda suspensión de pagos (default) aunque fuera parcial. El BCE es muy escéptico respecto a la llamada "implicación de sector privado", porque piensa que acaba convirtiéndose en una implicación del sector público. El BCE piensa sobre todo en la fragilidad de los bancos griegos, que concentran la mayor parte de la deuda de su país. Si no la pueden cobrar a su vencimiento, se verán abocados a pedir ayuda al banco emisor para que les saque del apuro.
En la última semana se han presentado más alternativas. Por una parte, modificar el marco jurídico del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, con una dotación de 440.000 millones, para que recompre deuda griega en el mercado a medida que llegue su vencimiento o haga un préstamo directo al Gobierno de Atenas para que efectúe esta operación.
Otra iniciativa �auspiciada por Francia, cuya banca es la más comprometida en Grecia� promueve la creación de un impuesto a la banca, que gravaría sus activos y permitiría una recaudación de 30.000 millones en tres años o 50.000 millones en cinco años. La banca ha expresado serias reticencias a esa medida, que sin embargo también tiene fervientes partidarios: "A mí no me plantea ningún problema un impuesto a la banca porque fui uno de los primeros en proponerlo para buscar nuevos recursos para el presupuesto comunitario", manifestó ayer el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier. En su opinión, este impuesto tiene la ventaja "de ser fácil de aplicar, ser soportable para la economía y ser políticamente justo".
Aunque no hay propuestas concretas sobre ese impuesto a la banca, en las entidades de algunos países como España existe el temor de que se acabe pasando la factura del rescate a bancos que no invirtieron en deuda griega. Y que con ello se aminore la carga de otros bancos que sí tienen muchos bonos griegos, como los franceses y alemanes.
Los contactos entre dirigentes se sucedieron ayer. La vicepresidenta española, Elena Salgado, mantuvo conversaciones con sus homólogos alemán, francés e italiano, y especialmente con el presidente del Eurogrupo, el luxemburgués, Jean-Claude Juncker.
Por otro lado, Barnier presentó ayer la nueva propuesta comunitaria para aplicar la nueva normativa internacional sobre capital de los bancos, llamada Basilea III. "Europa es la primera jurisdicción a nivel mundial en transponer las disposiciones de Basilea III en su derecho", dijo. La nueva legislación, que se aplicará a los 8.300 bancos europeos, elevará el nivel mínimo de capital de máxima calidad desde el 2% al 4,5%, y el capital básico del 4% al 6%. Según Barnier, estas medidas reducirán en un 70% las posibilidades de que vuelva a ocurrir una crisis financiera, que ha exigido ayudas públicas de dos billones. Entre las propuestas figura también la obligación de que los bancos se doten un colchón de conservación de capital y otro de reservas anticíclicas.
EL PAIS/REUTERS
