AVN.- El abogado Rafael Barrios, defensor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, expondrá el caso de la destitución e inhabilitación del burgomaestre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos.
El jurista ofrecerá información a la Comisión sobre las acciones legales en curso con vistas a proteger los derechos políticos de Petro, reseñó Prensa Latina.
Barrios informó a la prensa que entregará a la CIDH datos de primera mano sobre las acciones de tutela (recursos de amparo) en curso en Colombia actualmente a favor del alcalde.
Previamente, Petro solicitó a la CIDH medidas cautelares para el resguardo y preservación de sus derechos políticos, poco después de su destitución.
El 9 de diciembre pasado el burgomaestre fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos políticos durante 15 años por parte del procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, luego de la puesta en marcha de un nuevo sistema de recolección de basura en la capital colombiana.
No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió por un término de 10 días el fallo del procurador, contados a partir del 14 de enero, al acoger un recurso de amparo a favor de Petro, interpuesto por José Gotardo Pérez, quien alegó que con la destitución e inhabilitación del burgomaestre se le violaba su derecho a elegir y ser elegido.
Al igual que Gotardo, otros 35 ciudadanos han introducido recursos de amparo ante el Tribunal de Cundinamarca a favor de Petro.
Sin embargo, Barrios explicó que se mantienen en pie ante otras instancias, como la CIDH, puesto que en Colombia "no proceden ni las tutelas ni otros recursos ante el Consejo de Estado porque esas acciones de nulidad y restablecimientos de derechos se demoran más de cinco años, y en ese momento ya se habría consumado la violación de las garantías políticas del alcalde”.
Explicó que "al no prosperar las tutelas ni existir un mecanismo que ampare los derechos políticos del alcalde, lo que va a hacer la CIDH es ordenar la suspensión del proceso disciplinario en su contra hasta tanto no tome una decisión de fondo sobre el caso".
Esa suspensión puede ser incluso por dos años, agregó Barrios, quien espera que la CIDH se pronuncie en el transcurso de la próxima semana.
