El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debatió hoy la situación actual en Venezuela y recibió el informe preliminar de la reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a República Dominicana, durante una sesión ordinaria en la sede de la Organización en Washington DC.
Durante la reunión, varios Representantes Permanentes expresaron su preocupación ante los hechos de violencia ocurridos en Venezuela en los últimos días, y se hicieron eco del llamado a la serenidad hecho por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y exhortaron al inicio de un diálogo entre el Gobierno y la oposición, también propugnado insistentemente por el máximo representante de la OEA.
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, apeló el lunes a “la responsabilidad del Gobierno de evitar el uso de la fuerza por parte de la policía o grupos afines”, y exhortó a las fuerzas de oposición “a manifestarse pacíficamente evitando provocaciones”. De la misma forma, el máximo representante de la OEA puso énfasis en la necesidad de que "las autoridades respeten la libertad de expresión, y que los medios de comunicación tomen conciencia sobre el influyente rol que desempeñan en esta coyuntura política".
Tomaron la palabra durante el debate los representantes de Estados Unidos, Brasil, Perú, Canadá, Panamá, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, México, Nicaragua, Dominica, Argentina, Uruguay y Costa Rica, quienes preeminentemente se remitieron a la lectura de los comunicados oficiales emitidos por sus respectivos gobiernos. El tema fue tratado en Otros Asuntos, por iniciativa de la Misión de Estados Unidos.
En la misma reunión ordinaria, el Consejo Permanente recibió un informe con las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) producto de su visita a la República Dominicana a comienzos de diciembre, “en atención a una invitación del Estado”. “La visita tuvo por finalidad observar la situación en lo relativo a los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como a otros derechos y problemáticas relacionadas”, y “a fin de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos libremente por el Estado de República Dominicana en ejercicio de su soberanía”, estipula el documento.
Las observaciones preliminares presentadas en la sesión de hoy, cuya versión final será presentada próximamente ante el Consejo, fueron leídas por Rosa María Ortiz, segunda vicepresidenta de la CIDH y relatora de país de República Dominicana. Según explicó la Comisionada Ortiz, su reporte se basó en el comunicado de prensa y elanexo al comunicado que la CIDH hizo públicos el 6 de diciembre, al momento de concluir su visita al país caribeño.
En la visita de la CIDH, un órgano principal y autónomo de la OEA, tuvo un papel central la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano, “mediante la cual se dio una nueva interpretación para la adquisición de la nacionalidad de las personas nacidas en el país que sean hijos de padres extranjeros en tránsito. Con esta interpretación, personas que anteriormente habían sido reconocidas como de nacionalidad dominicana, fueron desnacionalizadas”, señala el documento leído por Ortiz. Esta situación afecta especialmente a inmigrantes haitianos, agrega el texto.
La delegación de República Dominicana, a través de Mayerlyn Cordero Díaz, representante alterna, tomó nota de las observaciones preliminares de la CIDH y aseguró que “el gobierno de la República Dominicana reafirma que ninguna persona que tenga nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella”, y que el Presidente dominicano Danilo Medina presentará al Congreso de su país una ley para resolver la situación de 24.392 personas que no fueron declaradas con documentos válidos.
La Ministra Cordero sentenció que, “independientemente del estatus migratorio en el país, el gobierno dominicano siempre ha garantizado los derechos humanos básicos a todas las personas que se encuentran en territorio de la República Dominicana, incluyendo el acceso a servicios públicos como la salud y la educación, así como los derechos laborales y el acceso a la justicia”.
La delegación dominicana aseguró que “desde hace casi dos meses nos encontramos en un proceso de diálogo franco, sincero y continuo con la República de Haití”, que ya ha producido “importantes acuerdos en materia de aduanas, seguridad pública, agricultura, medio ambiente y migración”. La Ministra Cordero pidió a la comunidad internacional que “nos permitan priorizar el diálogo, pues los temas en cuestión tienen naturaleza bilateral”.
La Representante Permanente de San Vicente y las Granadinas, La Celia A. Prince, aseguró que “las conversaciones bilaterales actualmente en marcha confirman el interés que todos tenemos en asegurar el bienestar de los cientos de miles de personas que podrían quedar apátridas. El mundo entero está moviéndose hacia el compromiso para acabar con la apátrida y evitar la creación de nuevas personas apátridas, pero si fracasamos en usar el peso político de este órgano, entonces este Hemisferio pronto se convertirá en el hogar de una de las mayores concentraciones de personas apátridas”.
CARICOM, continuó la Embajadora Prince, “sigue viendo esto como un asunto serio y fundamental asunto de derechos humanos”. Junto con reconocer como “sagrados” los principios de soberanía y no intervención en los asuntos internos de otro país, la representante caribeña aseguró que “estos principios no eximen a los Estados de sus obligaciones recogidas en el derecho internacional. No debemos crear en este Hemisferio el precedente de que crear personas apátridas es aceptable o puede ser acomodado. Nosotros en la OEA debemos liderar con el ejemplo; se lo debemos a aquellos directamente afectados, y de hecho a todo el mundo, como la organización más antigua y más experimentada del mundo”.
El Representante Permanente de Haití, Duly Brutus, hizo hincapié en la importancia de las conversaciones bilaterales que están manteniendo ambos países, y aseguró que los frutos obtenidos hasta ahora “dan esperanza de que se va a solucionar de manera favorable este asunto a través del diálogo”. “Esta situación sigue generando ciertas incertidumbres y preocupaciones legítimas, pero nosotros esperamos afrontarlas con determinación, sin emoción y sin impaciencia”.
El Embajador Brutus recordó que hasta ahora ya se celebraron dos reuniones bilaterales, y la tercera está prevista para el 12 de marzo en Haití, antes de la cual el gobierno dominicano se comprometió a presentar el nuevo proyecto de ley sobre las personas sin documentos válidos. Como conclusión, el representante haitiano llamó a la OEA y sus Estados Miembros a “continuar acompañando el proceso de diálogo”.
El tema fue llevado al orden del día de la reunión por la delegación de San Vicente y las Granadinas, quien en representación de la Comunidad del Caribe (CARICOM) reafirmó “su preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos que transcienden las discusiones bilaterales entre Haití y República Dominicana”.
El Consejo Permanente también aprobó hoy una resolución para convocar los días 15 y 16 mayo en Brasilia, la Sexta Reunión del Grupo de Trabajo en Cooperación Jurídica en Materia Penal de las Reuniones de Ministros y Procuradores de Justicia de las Américas (REMJA); recibió los informes de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) sobre la Clasificación de mandatos de la Organización y sobre el análisis de los Fondos Específicos recibidos durante el tercer trimestre de 2013 por la Secretaría General; y escuchó del Representante Permanente de Canadá, Allan Culham, una actualización en los preparativos para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se celebrarán en Toronto en 2015. Para esta última presentación asistió a la sede del Consejo Permanente la representante de la provincia canadiense de Ontario en Washington, Monique M. Smith.
Al final de la sesión, las representantes de Antigua y Barbuda y Santa Lucia felicitaron a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) por el aniversario 20 de la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará.
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