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lunes, 12 de mayo de 2014

MP acusó a presidenta de una fundación por corrupción en Yaracuy

El Ministerio Público acusó a María Dilia Sánchez Díaz, presidenta de una fundación, por presuntamente engañar a más de 300 personas en el estado Yaracuy, a quienes prometía gestionarles ayuda médica a cambio de recibir beneficios personales. 

La mujer, quien alegaba tener vinculaciones con funcionarios públicos, fue detenida el 27 de enero de este año, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). 

La fiscal 14º de Yaracuy, Moraidy Santeliz, acusó a Sánchez Díaz por presuntamente incurrir en el delito de suposición de valimiento con funcionario público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de  la Ley contra la Corrupción. 

El referido artículo señala que “La persona que alardeando de valimiento o de relaciones de importancia e influencia con cualquier funcionario público reciba o se haga prometer, para sí o para otro, dinero o cualquier otra utilidad, bien como estímulo o recompensa de su mediación, bien so pretexto de remunerar el logro de favores, será penado con prisión de dos (2) a siete (7) años; y con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, a quien dé o prometa el dinero o cualquier otra utilidad de las que se indican en este artículo, a menos que haya denunciado el hecho ante la autoridad competente antes de la iniciación del correspondiente proceso judicial”. 

En el escrito presentado ante el Tribunal 5º de  Control de Yaracuy, la representante del Ministerio Público solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento y que se mantenga la medida privativa de libertad contra la mujer, quien permanece recluida en la Comandancia General de la Policía de ese estado. 

Según la investigación, funcionarios del Sebin recibieron una denuncia en la que señalaban que Sánchez Díaz habría engañado a más de 300 personas para tramitarles ayudas médicas. 

Por tal motivo, la mujer fue aprehendida por funcionarios del servicio de inteligencia, tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial. 

Vale destacar que en varios allanamientos efectuados en la sede de la fundación, fueron incautados elementos de interés criminalístico.