Honduras es el país con el mayor índice de asesinatos de periodistas en Latinoamérica, por lo que el Estado debe impulsar mecanismos de protección física, legal y política para la prensa, dijo este martes el relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue.
"Uno de los primeros problemas enfocados por esta relatoría es el de la violencia contra periodistas, siendo Honduras el país con el más alto índice de asesinatos de periodistas en proporción con la población en la región", subrayó La Rue en rueda de prensa.
El funcionario de la ONU no ofreció una cifra de ese índice, pero señaló que según le informó el Ministerio Público entre 2006 y 2012 en Honduras han sido asesinados 23 periodistas, y que de esos casos "seis han sido judicializados y sólo dos han llegado a sentencia".
"Esta realidad es inaceptable si se pretende terminar con la impunidad", enfatizó el relator especial de las Naciones Unidas.
El estatal Comisionado de los Derechos Humanos registra la muerte violenta de 31 comunicadores desde 2003 a la fecha en Honduras, donde la tasa anual de homicidios se ubica en 86,5 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo, según la misma fuente.
La Rue expresó que no puede prevalecer la impunidad ante tantos crímenes de periodistas y personas de otros sectores sociales.
Añadió que "todo caso de violencia contra periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos debe ser traslado inmediatamente a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público para su investigación efectiva y oportuna".
Para erradicar la impunidad, el funcionario de la ONU recomendó que se incremente el personal y el presupuesto de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Añadió que, en su opinión, el Estado hondureño debe buscar mecanismos para una protección especial a la prensa bajo tres medidas: física, legal y política.
Entre las medidas legales recomendó que se incremente la pena a quienes cometan crímenes contra la prensa y la libertad de expresión, especialmente si son agentes del Estado.
La Rue también es partidario de la despenalización de la difamación, calumnia e injuria, para que esas figuras se enmarquen en el ámbito civil, tal como lo propuso la semana pasada el presidente hondureño en una conferencia sobre libertad de expresión auspiciada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y medios locales de prensa.
En lo que respecta a las medidas políticas, dijo que los altos funcionarios del Estado deben asumir "una actitud de respeto y un discurso de reconocimiento al papel que juega la prensa libre y la libertad de expresión", y "tener un mayor nivel de tolerancia a la crítica pública".
La Rue subrayó que los periodistas se definen por la función de informar a la sociedad, y que su profesión "no puede tener requisitos, ni limitaciones tales como titulación, colegiación obligatoria o registro frente al Estado".
Agregó que una sociedad democrática y plural necesita de una prensa que opere con libertad para informar a la población bajo el principio fundamental de la diversidad y el pluralismo.
EFE
