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domingo, 14 de agosto de 2011

“La oposición quiere impedir que el pueblo conozca la verdad de los hechos entre 1958-1998″

AVN .- Para la diputada al Parlamento Latinoamericano, Marelis Pérez Marcano “la oposición quiere impedir que el pueblo conozca la verdad de los hechos entre 1958-1998″, cuando se registraron crímenes, desapariciones y torturas cometidas contra activistas revolucionarios de la época.

Durante el programa José Vicente Hoy de este domingo transmitido por Televen, Pérez Marcano recordó que los gobiernos de la Cuarta República crearon una política sistemática de aniquilamiento, desplazamiento y tortura que sobrepasan las tres mil personas.

Agregó que los medios de comunicación social de la época, vinculados al poder de los partidos Acción Democrática y Copie, ocultaron esa realidad.

“Ellos (oposición) han querido impedir que nuestro pueblo conozca que esa democracia representativa (en sus manos) era una gran estafa para el país”, dijo la parlamentaria.

Pérez Marcano rechazó la observación hecha por los diputados de los partidos de derecha, en la Comisión de Política Interior y en la plenaria de la Asamblea Nacional, a la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, la cual se encuentra en consulta pública.

Dicho instrumento caracteriza ese momento histórico desde 1958 hasta 1998, para descubrir qué originó esas desapariciones y por qué los gobiernos de entonces legitimaron esas acciones.

“No fue que alguien torturó vilmente a un venezolano, se trata de que el Estado creo una estructura para asesinar y creo todo una cultura aprendida de Estados Unidos, el cual tenía una escuela de tortura y asesinato en Panamá y Guantanamo”, agregó la parlamentaria.

Mencionó además que es compromiso de la Asamblea Nacional aprobar una Ley Orgánica para la defensa de los derechos humanos que esté en consonancia con lo establecido en la Constitución Bolivariana.

Indicó que en países como Argentina, Chile y Uruguay, donde hubo miles de desaparecidos y torturados, se han elaborado leyes para determinar las responsabilidades y hacer justicia.