El gobierno de Colombia debe anteponer el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a decidir cómo se desarrolla su tierra al deseo de las empresas de explotar esos territorios para obtener beneficios, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El acceso a tierras ricas en recursos y el uso de esas tierras es una de las cuestiones más cruciales en las negociaciones de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que tienen lugar actualmente en La Habana, Cuba. Muchas de las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto armado buscan fórmulas para regresar a sus tierras y reclamarlas.
“La propiedad y ocupación de tierras ha sido uno de los ejes fundamentales de la brutal guerra de Colombia, en cuyo contexto unos 6 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde 1985 a causa de la violencia. Cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Unos 6 millones de personas han sido objeto de desplazamiento forzado de sus hogares como consecuencia del conflicto armado de Colombia. Al menos 8 millones de hectáreas de tierra –aproximadamente el 14 por ciento del territorio del país– han sido abandonadas o adquiridas ilegalmente. Los afectados son en su mayoría comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas cuya existencia depende de que puedan vivir de sus tierras.
A lo largo de los años, las autoridades colombianas han otorgado licencias a empresas mineras y de otros sectores que pretenden explotar estas tierras y sus inmensos recursos naturales, y en el caso de los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes lo han hecho a menudo sin consultar de manera adecuada a estas comunidades y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado.
En 2012, el gobierno puso en marcha un programa de restitución de tierras y reparaciones para algunas de las víctimas del conflicto armado. El proceso constituyó un importante paso adelante en los esfuerzos para abordar la cuestión de los derechos de las víctimas, pero ha avanzado con excesiva lentitud y su implementación ha sido deficiente.
El número de personas que reclaman la restitución de sus tierras que han podido regresar o conseguir la propiedad legal de esas tierras ha sido relativamente escaso, y las autoridades no han garantizado un apoyo efectivo a quienes han podido regresar.
Fuente: Nota de prensa
