AVN .- El principal objetivo del Código Orgánico Penitenciario (COP) es cohesionar y organizar todas las normativas existentes en torno al tema carcelario, que generan incoherencia en las definiciones y contribuyen con el desorden administrativo en muchas instancias del sistema penitenciario venezolano.
Esta conclusión figura entre las más importantes del debate que este miércoles dio fin a la consulta pública del COP, proyecto jurídico trabajado actualmente en la Asamblea Nacional, mediante la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario.
La reflexión corresponde al secretario ejecutivo del Consejo Superior Penitenciario, Reinaldo Hidalgo, quien participó en la jornada de consulta junto a autoridades del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MIJ), el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Defensoría Pública y universidades.
El viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del MIJ, Edwin Rojas, destacó que otro propósito fundamental del COP es organizar las competencias de las instituciones con atribuciones en el sector carcelario.
Aún así, Rojas y todas las autoridades coincidieron en afirmar que la creación de esta ley no será la panacea para resolver los problemas que afectan al sistema penitenciario, pero significará la concreción de un paso importante para avanzar hacia la materialización del artículo 272 de la Constitución, que establece que el “Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a su derechos humanos”.
Respecto al tema del retardo procesal, principal queja de la población penitenciaria, la presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, magistrada Ninoska Queipo, dijo que la máxima instancia del Poder Judicial trabaja para aportar soluciones significativas al problema.
“Hemos concretado algunos avances que estaremos participando en su momento”, precisó.
También recordó que el problema del retardo procesal, traducido en el encierro de internos que están esperando por un juicio que los declare libres o culpables, es responsabilidad de todos los organismos que administran justicia, como el Ministerio Público y la Defensa Pública.
De acuerdo con cifras aportadas por la diputada Yelitze Santaella, hay unas 50.000 personas privadas de libertad, de las que 60% no ha sido sentenciada o juzgada.
Se espera que la segunda discusión del COP, paso previo a la sanción de toda ley, se lleve a término a finales de este mes.
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