El 30 de enero de 2013, la delegación del estado Zulia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) -órgano adscrito al Ministerio para las Relaciones de Interior y Justicia- le abrió un expediente a Juan José Farías, corresponsal de IPYS Venezuela en la entidad, y reportero de sucesos para La Verdad, diario privado de circulación en esta región, ubicada al occidente del país. Este organismo de seguridad intentó implicar al periodista con presuntos cargos por instigación al delito, asociación para delinquir, y generar zozobra, por publicaciones de varias notas sobre un suceso que ocurrió en Maracaibo.
Juan José Farías relató a IPYS Venezuela que el medio para el que trabaja publicó varias notas por el asesinato de Miguel Ángel Boscán Alba, alias "Pepillo", quien además había sido pran (líder paraestatal de las personas privadas de libertad) en la Cárcel Nacional de Maracaibo, donde cumplió condena por 14 años. Se presume que la muerte de Boscán se dio en un enfrentamiento entre una banda delictiva a la que, supuestamente, él pertenecía, y funcionarios de la Policía estatal. A raíz de este caso, al parecer, murieron dos funcionarios de la Policía del Zulia, y generó una disputa violenta entre líderes de la cárcel y funcionarios de seguridad. Según las fuentes consultadas por el medio, desde la cárcel se pedía dinero por asesinar a funcionarios policiales vinculados con la muerte de Boscán. Ante esta orden, la respuesta del jefe en Zulia del CICPC, Luis Monroy, fue ofrecer una recompensa monetaria a los funcionarios policiales para asesinar a los presuntos delincuentes. Esta información fue ofrecida en una entrevista telefónica que sostuvo con Juan José Farías, y luego fue ratificada en una rueda de prensa con los medios de comunicación de la región. Posteriormente, el gobernador del estado Zulia Francisco Arias Cárdenas rechazó esta situación y anunció que el Cuerpo de Policía del estado Zulia se integraría a la Policía Nacional Bolivariana, cuerpo que depende del gobierno nacional (http://www.laverdad.com/
Farías contó que el lunes 28 de enero de 2013, le llegó al periódico una citación del CICPC, pero no indicaba el motivo de la solicitud. “Supe que a Luis Monroy, jefe de la delegación Zulia de la Policía científica, lo cambiaron a San Cristóbal (estado Táchira)”, presuntamente, por las declaraciones violatorias que había ofrecido, “así que supuse que se debía a la nota que yo había publicado con su declaración”. Al día siguiente, Farías acudió a la citación que le había sido enviada por parte del Eje de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas. “Me llevaron a la oficina del supervisor, donde estaba él, una asesora jurídica y una mujer que no supe qué cargo tenía”. Las dos damas tenían una actitud que buscaba intimidarme”, contó el periodista. “Me dijeron que lo que había hecho era muy grave, que me podían investigar por instigación al delito y asociación para delinquir. Me acusaron de haber creado zozobra entre los funcionarios de seguridad y de promover una matanza entre delincuentes y policías”, señaló.
En ese momento, el periodista relacionó las acusaciones con la cobertura informativa que había realizado por la muerte de Boscán y los funcionarios policiales. También, “me dijeron que ellos querían saber -pese a que conocían que como periodistas no estamos obligados a revelar la fuente- cuál era el origen de la amenaza de los supuestos privados de libertad hacia los policías, que yo había publicado en una de mis notas. Les expliqué que alguien llamó al diario, se identificó como un privado de libertad de la Cárcel Nacional de Maracaibo, (conocida como la cárcel de Sabaneta) y alertó sobre las disputas con la policía. Pero en ningún momento, yo he tenido contacto con los reclusos de esta cárcel y no los mantengo como fuente de información”. Además, Farías les contó que a partir de esa llamada, varios periodistas del medio empezaron a consultar diversas fuentes para confirmar la certeza de la amenaza. Según el testimonio de Farías, entre las personas que corroboraron esta información estaba “el jefe de la delegación del CICPC, Luis Monroy; y Jairo Ramírez, secretario de Seguridad del estado”. Luego, la asesora jurídica, le pidió a Juan José Farías conversar en privado. “Me explicó que esa nota de prensa provocó que todos los policías escondieran sus chapas, arrancaran las calcomanías de los carros y solo salieran de sus casas para sus empleos.
En seguida me llevaron a un cubículo con un agente que estaba frente a una computadora. Me pidió la cédula, el número de teléfono, la dirección de habitación y el nombre de mis padres. Me preguntó de dónde saqué la información, quién autorizó su publicación, y si yo tenía algún contacto con algún preso. Fueron más de 15 preguntas -no las recuerdo todas- pero una de ellas fue si el diario La Verdad había sufrido algún atentado el año pasado, cuando los presuntos líderes del centro penitenciario tirotearon y lanzaron granadas a los diarios Qué Pasa, Versión Final y El Regional del Zulia y al canal Catatumbo TV” (http://ipys.org.ve/novedad?
Entre los periodistas notificados estuvo la editora de Sucesos del periódico, Jesika Ferrer; el jefe de redacción Luis Pérez; y el jefe de información, Raúl Semprún. Por lo que relató Farías, un asesor jurídico del diario La Verdad contactó a un fiscal del Ministerio Público en Zulia y constató que este órgano judicial no ordenó este procedimiento que realizó el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas. (CICPC). El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela exhorta a las autoridades públicas, en especial a los cuerpos de seguridad del estado del Zulia, a garantizar las condiciones necesarias para que Juan José Farías pueda ejercer su labor periodística sin ningún tipo de intimidación y amenazas, que puedan colocar en riesgo su trabajo y su integridad física.
