(Washington, 16 de abril. EFE).- La Corte Suprema de EE.UU. evaluará el lunes las medidas migratorias proclamadas hace más de un año por el presidente Barack Obama en medio de un crispado clima electoral, en el que el futuro de millones de indocumentados se ha convertido en un arma arrojadiza entre demócratas y republicanos.
“Creo que el muro estará completo en dos años desde el momento en el que comencemos, así que tenemos que empezar rápido”, dijo en febrero Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana, que quiere construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados que viven en EE.UU.
Con este clima de fondo, los jueces estudiarán el lunes la legitimidad de las acciones ejecutivas que Obama proclamó en noviembre de 2014 y que fueron bloqueadas un día antes de entrar en vigor a petición de una coalición de estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.
La audiencia durará 90 minutos y contará con la participación de un abogado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), que representa a tres mujeres indocumentadas de Texas que tienen hijos estadounidenses o con residencia permanente y que podrían acogerse a uno de los programas proclamados por Obama.
“Vivo en McAllen (Texas, EE.UU.), nací en Michoacán (México), fui a la escuela en México hasta el quinto grado y mis padres me trajeron cuando tenía 14 años”, narró esta semana durante una conferencia telefónica una de esas tres mujeres, que se mantuvo en el anonimato.
Las medidas migratorias tienen carácter temporal y permitirían a estas mujeres frenar su deportación, conseguir un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
Precisamente, los costes que implicaría el expedir de manera masiva esos carnés de conducir es el argumento en el que basan sus críticas los estados demandantes, que aseguran que las medidas migratorias impactarían negativamente en sus arcas públicas.
Además, durante la audiencia, la mayoría republicana de la Cámara Baja gozará de 15 minutos para exponer que, bajo su punto de vista, Obama se extralimitó en su poder al proclamar por decreto un plan con el que se evitaría la deportación de jóvenes indocumentados y padres con hijos estadounidenses o hijos con residencia permanente.
Colocar al Legislativo enfrente del Ejecutivo en la máxima instancia judicial del país servirá para demostrar que, según la Constitución, “el presidente no puede escribir las leyes” y solo el Congreso tiene capacidad para legislar, según el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan.
Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente en 2014 ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.
Consciente de que se juega uno de sus mayores legados en política interna, el Gobierno de Obama defiende su poder para proclamar las medidas y pone de ejemplo a dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush, quienes proclamaron acciones similares en el pasado.
Las medidas migratorias del presidente han recibido el apoyo de un grupo de 60 empresarios liderado por el creador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, y que han presentado ante la corte unos documentos judiciales independientes.
Del mismo modo, una coalición de 224 organizaciones defensoras de los inmigrantes ha presentado un escrito en el que narran la historia de éxito de diferentes indocumentados como José Antonio Vargas, de origen filipino y ganador de un premio Pulitzer en 2008.
La audiencia despierta tanta expectación que el lunes, en una manifestación frente al Tribunal Supremo, el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa espera reunir a más de 3.500 personas.
La batalla política del exterior podría trasladarse al interior de la corte, donde tomarán asiento legisladores tanto del bando republicano como del demócrata.
Frente a ellos, habrá solo ocho de los nueve jueces con cargos vitalicios que deben componer el Supremo, dividido en cuatro conservadores y cuatro progresistas debido a la inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia.
El dictamen llegará en junio y, si empatan, los magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore a la corte.
Y en medio de la retórica antiinmigrante que ha impregnado la campaña electoral en EE.UU., a muchos les preocupa el hecho de que, incluso si el Supremo da la razón a Obama, el presidente que llegue al poder en enero podría poner fin a esas medidas migratorias.
El explosivo escenario promete poner encima del tablero uno de los problemas sociopolíticos más complejos de EE.UU., un “país de inmigrantes” que reguló por primera vez su sistema migratorio con el Acta de naturalización de 1790, que confería la ciudadanía solo a las “personas blancas libres” y de “buena moral”.
Desde entonces, la ley ha evolucionado al ritmo que marcaban los tiempos y ahora queda por ver cómo la rama legislativa, ejecutiva y judicial definirán la relación entre EE.UU. y sus inmigrantes indocumentados que, como muchos antes, cruzaron mares o desiertos por la promesa de una vida mejor.
