Semana clave la que empieza para el empujón definitivo en el baile de fusiones de la banca española. El mimistro de Economía, Luis de Guindos, anunció la pasada semana que «justo después de Semana Santa» el Ejecutivo iniciará la subasta de Banco de Valencia y CatalunyaCaixa. Ambas entidades, nacionalizadas, y según coinciden varias fuentes conocedoras del proceso, tienen muchas papeletas para salir a subasta simultáneamente, frente a los planes iniciales de vender cada entidad en un proceso diferente. Quizá porque urge: los tiempos manejados por el Gobierno de Mariano Rajoy para redimensionar el mapa financiero del país han sufrido ya un importante retraso sobre el calendario previsto. Y Europa —y los mercados—, con sus presiones, están ya metiendo prisa. Pero queda un fleco por cortar: quién pagará esos rescates, habida cuenta de que la banca no está dispuesta a financiar más adjudicaciones como las de la CAM —a Sabadell— y Unnim, que fue a parar a manos de BBVA.
Ambas ventas contarán también, según fuentes financieras, con un esquema de protección de activos (EPA). No parece haber ningún banco dispuesto a comprar sin un aval. El Estado, a través del FROB, o el propio sector financiero, con el dinero del FGD, protegerán de las pérdidas futuras a los compradores.
El principal escollo es que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), nutrido con las aportaciones anuales de bancos, cajas y cooperativas de crédito, se ha quedado sin apenas fondos tras las subastas de la CAM y Unnim. Cuenta con unos 2.000 millones, suficientes para vender Banco de Valencia pero no para cubrir además la adjudicación de CatalunyaCaixa. Y la banca rechaza hacer una derrama o elevar su aportación al fondo.
Búsqueda de financiación
El Gobierno todavía debe encontrar por tanto la financiación. Y pese a los rumores, Moncloa sigue descartando recurrir al fondo europeo de rescate para pagar lo que queda de la reordenación bancaria. Así las cosas, fuentes financieras ven como única salida para el Ejecutivo recurrir de nuevo al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El Ministerio de Economía y el Banco de España, según informan a este diario esas mismas fuentes, estarían barajando varias alternativas. Una de ellas es que el FROB conceda un préstamo al FGD. La entidad que lo acabe usando tendría que devolverlo junto a su aportación anual al fondo de la banca. El problema es que Bruselas considera que esto es una ayuda pública, de las que el Gobierno reniega.
La única vía posible, descartada esa otra, es el FROB 3, que se ha utilizado ya en la fusión de Unicaja con Caja España-Duero. La subasta estaría apoyada con fondos del FROB en forma de bonos convertibles contingentes («cocos»), un tipo de renta fija que se puede convertir en acciones en caso necesario. La entidad tendría que devolver esa ayuda en unos siete años más un tipo de interés de entre el 7% y el 8%.
Pagar la factura
Aun así, saber quién asumirá la factura no es el único obstáculo. Fuentes del sector explican que Banco de Valencia registró un saldo patrimonial positivo al cierre de 2011, hecho que le cerraba las puertas a obtener un EPA. La normativa actual exige que para conceder esta garantía el patrimonio neto sea cero o negativo. Por ello, la entidad está reformando las cuentas a 29 de febrero para cumplir este requisito.
En relación a CatalunyaCaixa la situación también urge. La propia entidad decidió no agotar el plazo que le dio el Banco de España para recapitalizarse, y anunció que había pedido al regulador adelantar de septiembre a antes de verano. E informó al supervisor de que para garantizar su futuro es «prioritario anticipar el inicio del proceso competitivo de venta». Con el objetivo de ser más atractiva en la puja a los posibles compradores ha realizado ya parte de los saneamientos que le exige la reforma financiera contra resultados de 2011, de forma que al cierre de este año presentó pérdidas por 1.335 millones de euros.
La caja catalana limpió 1.505 millones ligados al ladrillo durante 2011, de los 1.595 que le exige el «plan Guindos». Y tendría que elevar su capital principal en 1.053 millones. Para cumplir con la norma, la entidad espera integrarse en otra que además sustituya al FROB como principal accionista.
Fuentes conocedoras de ambos procesos afirman a ABC que este miércoles los bancos interesados en la puja recibirán ya el libro de venta de ambas entidades. Una vez presentadas las subastas, cada uno de los grupos bancarios interesados harían su oferta. Incluso se podrían presentar ofertas por ambas entidades. Eso sí, por orden de preferencia. En cada oferta incluirían el plan de negocio para cada entidad y las ayudas que pediría. Y cuanto menor sea la ayuda pedida, más posibilidades de obtener la puja.
Las mismas fuentes explican que en caso de «empate» se volvería a hacer otra subasta. Una fórmula ésta —que ya es utilizada en las subastas de activos financieros en Estados Unidos— con la que el Gobierno intentaría quitarse de un plumazo dos entidades débiles, mientras piensa qué hacer con la tercera en discordia: Novagalicia Banco.
Presión a Novagalicia
Los últimos movimientos de Novagalicia Banco, que a pesar de que ya no descarta su subasta insiste en seguir en solitario, no se ha entendido muy bien en el mundo de las finanzas. Y se entienden como una huida hacia adelante.
La vieja caja gallega, que cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de 168 millones de euros, decidió no hace ni diez días que quiere seguir operando sin fusionarse con nadie. Sin ser comprada ni por CaixaBank —el sector aseguraba que la operación de absorción por esta estaba ya hecha— ni por ningún otro. Y así se lo comunicó al Banco de España.
La entidad presidida por José María Castellano mantiene su promesa de atraer inversores que refloten la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. Para ello, ha diseñado un concurso público por el que sacarán a puja entre el 20% y el 49% de la entidad, y asegura que cinco fondos de inversión han puesto ya precio a su entrada en la entidad bancaria.
Esos inversores, según el propio Castellano, exigen que el FROB o el FGD cubran el 75% de las pérdidas que puedan aparecer en la entidad, sobre todo por su exposición al ladrillo. El banco asumiría el otro 25%.
EFE
